El consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, ha denunciado hoy la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al considerar que se han adoptado “sin respaldo técnico, sin diálogo real y sin escuchar a los regantes ni a las comunidades autónomas afectadas”.
Barrachina ha advertido de que estas modificaciones, impulsadas por el Gobierno de España, “ponen en riesgo el futuro de miles de familias y el equilibrio hídrico que durante décadas ha permitido que el sureste español sea un referente agrícola. La aplicación de estas reglas convertirá la huerta de Alicante en desierto”.
El consejero ha subrayado que decisiones de esta magnitud “no pueden adoptarse de manera unilateral ni obedeciendo a criterios políticos, sino basándose en informes rigurosos, expertos y transparentes”. En este sentido, ha recordado que el trasvase Tajo-Segura “es una infraestructura esencial para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el sureste andaluz”.
El consejero ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con regantes y alcaldes afectados por los recortes del trasvase Tajo-Segura, en el que ha estado acompañado por la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, y por el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.
“Defenderemos cada gota de agua que corresponde a nuestros agricultores y a nuestros regantes. No aceptaremos recortes injustificados ni decisiones que comprometan décadas de esfuerzo”, ha afirmado.
El consejero ha denunciado que el Gobierno central continúa enviando a Portugal volúmenes de agua muy superiores a los solicitados: “Estamos mandando a nuestros vecinos el doble de lo que piden, enviamos 6.000 hm³ por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora se suman 100 hm³ más que ni quieren ni han solicitado”. Asimismo, ha reclamando una revisión urgente de estos envíos para garantizar una gestión hídrica justa y equilibrada.
En esta línea, Barrachina ha asegurado que el Gobierno central “prefiere Portugal inundado que Alicante regado”.
El consejero ha reiterado que la Generalitat seguirá trabajando “con rigor, unidad y firmeza” junto a los regantes y al resto de administraciones implicadas, para garantizar un modelo de gestión hídrica “justo, solidario y basado en criterios exclusivamente técnicos”.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha señalado que las nuevas reglas de explotación “suponen un nuevo mazazo para el trasvase Tajo-Segura, poniendo en serio riesgo su viabilidad”, por lo que ha acusado al Gobierno de España de promover una política del agua “muy alejada del interés general y del principio de solidaridad y carente del rigor científico y técnico que requieren este tipo de decisiones que, además, deben ser fruto del consenso”.
El dirigente alicantino ha insistido en que estos cambios y el aumento de los caudales ecológicos “producirán pérdidas económicas millonarias y la destrucción de miles de empleos en todos los sectores, además de contribuir a la destrucción de suelos y el avance de la desertificación”.
Finalmente, ha apuntado que “frente a estas decisiones sectarias y partidistas”, la Diputación de Alicante “articulará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses de esta provincia, porque el agua es un derecho de todos”. En este punto, ha destacado que ahora sí se va "de la mano de la Generalitat en la defensa del trasvase, de forma coordinada en un frente común para defender cada gota de agua que merece esta tierra”.
