La semana pasada finalizó el trámite de información pública para la autorización administrativa y evaluación ambiental de las plantas solares fotovoltaicas «Solaria Zierbena Solar 2», «Solaria Zierbena Solar 3», «Solaria Zierbena Solar 4», y sus infraestructuras de evacuación. UAGA ha estudiado estos proyectos en profundidad y ha presentado alegaciones al proyecto. También ha presentado alegaciones particulares a 9 explotaciones agropecuarias que se verían gravemente afectadas por estos proyectos, viendo su superficie ocupada sin contar con su autorización. Del estudio realizado, UAGA ha solicitado que se deniegue la autorización previa y emitir una declaración ambiental desfavorable.
Son numerosos los argumentos que les llevan a esta conclusión. En primer lugar, según la organización agraria, "queda claro que existe un fraude de ley, por haber fraccionado un proyecto unitario en diferentes proyectos de potencia instalada inferior a 50 MW, bien para evitar la tramitación por el MITECO o para no tener que considerar los efectos acumulativos entre proyectos localizados geográficamente en un territorio tan pequeño. Esta fragmentación es evidente desde el momento en que comparten titularidad (mismo grupo empresarial) y línea de evacuación, así como por su indisimulada denominación Zierbena 2, 3 y 4".
Asimismo, explican que la infraestructura de evacuación evidencia la inviabilidad del proyecto, y confirma que se corresponde con un proyecto mayor, que contempla la totalidad de las plantas solares fotovoltaicas que Solaria proyecta en el Territorio Histórico.
Según las características de la línea de alta tensión, estiman que podría soportar hasta 36 parques fotovoltaicos de 50 MW. Cabe señalar que en el proyecto se hace mención a una posible Zierbena 29, lo que da la magnitud de los planes que esta empresa contempla.
Por otra parte, la organización agraria explica que "la promotora pretende hacer pasar lo que es realmente una línea de transporte por una simple línea de evacuación, lo que vuelve a suponer un fraude de ley. Red Eléctrica Española (REE), según lo establecido en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, es gestor de la red de transporte y transportista único con carácter de exclusividad, y tiene atribuida la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte", y que podría entenderse como línea de evacuación la que va desde el nudo de conexiones de las placas de la planta, hasta la subestación que transforma la energía de 30KV a 220KV. "Pero a partir de este punto, el proyecto en realidad configura una red que, por sus dimensiones y tensión, debería ser considerada parte de la red de transporte eléctrico, gestionada en exclusiva por el Operador del Sistema de Transporte", sostienen.
Por lo que se refiere a las afecciones más directas al sector agropecuario, indican que "el proyecto es incompatible con la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria, en cuanto a la protección del suelo de alto valor agrológico, la conservación medioambiental y a los instrumentos de defensa frente a usos no agroforestales. También es incompatible con el Plan Territorial Sectorial Agroforestal ya que todos los terrenos ocupados por las plantas solares están clasificados dentro de la Subcategoría Alto Valor Estratégico o Paisaje Rural de Transición".
Además, exponen que el estudio de impacto ambiental presentado no ha analizado la afección generada sobre la actividad agroforestal ni ha incorporado medidas correctoras y afirman que la realización del proyecto puede implicar la desaparición de varias explotaciones, así como advierten de que va a traer una cascada de reacciones y todas ellas de gran impacto:
- El proyecto conlleva la ocupación de tierra de alto valor estratégico.
- Las rentas que se pagan en estas zonas van a verse multiplicadas, llegando incluso a pagar 10 veces su valor anterior.
- Además, este desplazamiento de explotaciones va a interferir en las rentas de las zonas limítrofes, afectando a la viabilidad de las explotaciones de todo el territorio.
Por eso, desde UAGA entienden que no solamente se debe de valorar el impacto en porcentaje de superficie de ocupación sobre el total de la explotación, sino que se debe medir el impacto a medio plazo para el resto de las personas agricultoras y ganaderas.
Por su parte, el proyecto Zierbena 4 afecta a la Zona regable de ARRATO, constituida por 4.000 hectáreas de 24 pueblos. Este regadío, declarado de utilidad pública, cuenta con una fuerte protección tanto a nivel estatal en materia de aguas, como por la normativa de la Diputación, como por el PGOU en vigor del municipio de Vitoria-Gasteiz. Cualquier modificación en la zona regable de Arrato conlleva, además de su comunicación a la Confederación, una priorización de uso sobre las tierras adscritas, que debe ser de rango superior al de riego y, por encima de éste, solo se encuentra el abastecimiento humano. Por tanto, no sería posible la implantación de la planta solar ya que proyecta colocar placas sobre
las tuberías de riego de la Comunidad de Regantes.
Con respecto a la afección para la población rural, Zierbena 3 y 4 no cumplen con la zona de exclusión a núcleos urbanos. La ocupación de terrenos en zonas tan cercanas a estos núcleos va a tener un efecto perjudicial sobre la vida, la población, la economía y el valor paisajístico de las poblaciones afectadas. Si se aplica el principio europeo de precaución, se deberían trasladar estos proyectos a la mayor distancia posible de los núcleos urbanos y, como mínimo, a 2 kilómetros.
El PTS de Energías Renovables -aún no aprobado definitivamente- hace alusión a este criterio mínimo de 500 metros, que ya se está aplicando en otras comunidades autónomas. Por lo que se refiere a las líneas de alta tensión la distancia que se recomienda es de 1 metro por cada 1.000 voltios, por lo que en algunas zonas del recorrido de la línea planteada, debería dejarse una franja de 400 metros a cada lado de las torres.
Por otra parte -y como ya han advertido otras administraciones- el Estudio de Impacto Ambiental sometido a información pública contiene deficiencias sustanciales no subsanables, que invalidan el proceso de participación pública, en aspectos como la flora, la fauna, los espacios protegidos o el impacto sobre la salud. El estudio además no está elaborado por personas con la suficiente capacidad técnica, según la normativa sobre cualificaciones profesionales.
Asimismo, UAGA sostiene que al menos uno de los cinco firmantes forman parte de la plantilla de Solaria. Es parte interesada en que los resultados sean favorables al proyecto y por tanto, existe un conflicto de intereses.
Dadas las múltiples y graves afecciones que se han identificado, UAGA considera que se debe denegar la autorización previa y emitir declaración ambiental desfavorable. Lo contrario supondría la implantación caótica y desordenada de un proyecto fotovoltaico sobre terrenos de alto valor estratégico, de alta sensibilidad ambiental, de regadío, sin tener en cuenta lo establecido en el PTS de Energías Renovables -en fase de aprobación inicial-.
UAGA cree que es necesaria y urgente una planificación sectorial integral que determine con claridad, entre otras cuestiones, las ubicaciones más adecuadas, la tipología de las infraestructuras o la capacidad territorial. Esto permitiría proponer proyectos con criterios de eficiencia y proporcionalidad.
Desde el sector entienden que el actual escenario de desregulación favorece más a los intereses de la industria privada de generación eléctrica que al objetivo del Gobierno Vasco de promover y desarrollar políticas activas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Parece que se ha ignorado el principio rector de la política energética de la Unión Europea: “primero la eficiencia energética”, que comienza por la reducción de la demanda y continúa con la producción de la energía estrictamente necesaria.
Hasta el momento se está fomentando un modelo de descarbonización y electrificación basado en la suposición de que toda la electricidad de la red será renovable, sin modificar el diseño de mercado. La razón económica se está imponiendo a la razón lógica y a la ecológica. Y lo que es más grave, la rentabilidad de los inversores se antepone al desarrollo local y el equilibrio
territorial.
Solaria se defiende
Por su parte, desde Solaria se defienden de las acusaciones vertidas por UAGA indicando que "se trata de proyectos diferentes que se han tramitado conjuntamente, y que esto puede hacerse tanto a través de la Comunidad Autónoma como a través del Ministerio, por lo que no existe fraude de Ley alguno".
