Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha aún no han cobrado un euro de los ecorregimenes, ese 70% adeudado, autorizado por Bruselas por la sequía ¿Desidia del Consejero de Agricultura, intención de hundir el sector? No se sabe, aunque se presupone según declaraciones de los agricultores.
Según informa Unión de Uniones de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura ha delegado la monitorización a la empresa GEACAM. Cuestión que, según sentencia del Tribunal Supremo, es ilegal.
También comentan desde el sindicato que "es público y notorio que los sistemas informáticos de GEACAM han sido pirateados y secuestrados por hackers. Además de retrasar el pago, podría haber ocurrido que los datos de cien mil agricultores y ganaderos de la región obren en poder de dichos piratas".
Si ya resulta escandaloso el encargo de la administración pública a una empresa privada de la tramitación de expedientes administrativos suplantando a los funcionarios, lo es más cuando datos confidenciales se trasladan a una empresa. Números de cuenta, direcciones, DNI, importes, etc.; todos estos datos podrían estar en manos de piratas informáticos, con las consecuencias que esto podría tener. Y todo por una presunta ilegalidad cometida por la Consejería de Agricultura, es decir, por el Consejero. Unión de Uniones de Castilla-La Mancha desconoce si la sentencia del Supremo crea norma, pero en todo caso piensa que resulta cuando menos irregular que se retiren competencias a los funcionarios y se den a trabajadores del ámbito privado. Más aún, cuando esto ocurre con una empresa financiada con fondos públicos. Fondos que vienen de la Unión Europea destinados a el sector agropecuario.
En concreto, 500 millones de euros que no han llegado al bolsillo de los agricultores, dinero que además de no ser destinados a su perceptor natural, se utilizan para fiscalizar al campesino.
No solamente retiran dinero al agricultor, si no que retrasan el cobro de lo que se le debe y se pone en peligro su información confidencial.
Siendo así, Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha se ve en la obligación de denunciar ante la opinión pública todos estos hechos y pedir al Consejo de Agricultura que solucione esta situación, proceda al pago inmediato del 70% adeudado por los ecorregimenes y tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades por encargar funciones administrativas a una empresa, al tiempo que corrige el desvío de fondos destinados al sector agropecuario a empresas ajenas a él a través de los fondos del desarrollo rural (PDR), proveniente de la PAC.
