Europa se acerca a un momento decisivo: ¿tomará las decisiones estratégicas correctas para su agricultura?

Con la reanudación de la actividad política en Bruselas, sería un eufemismo decir que la moral en el sector agrícola europeo dista mucho de ser alta. Otro verano de clima extremo, sequía e incendios forestales ha agravado las ya difíciles condiciones del mercado en muchos Estados miembros. Los costes de los fertilizantes y la energía siguen siendo una preocupación, con las finanzas agrícolas ya agotadas, mientras que las guerras, las tensiones comerciales, la creciente competencia global y las crisis climáticas ensombrecen las perspectivas tanto inmediatas como a largo plazo.

Es en este contexto que algunas de las decisiones más trascendentales de la segunda Comisión von der Leyen se definirán en los próximos meses. Sin embargo, a medida que los funcionarios europeos retoman sus labores, el proceso político para la agricultura a nivel de la UE rara vez ha sido tan incierto.

En un momento en que los alimentos se utilizan cada vez más como arma estratégica y las potencias mundiales refuerzan sus sectores agrícolas en nombre de la autonomía, la resiliencia y la seguridad alimentaria, Europa se mueve claramente en la dirección opuesta. No en su retórica, por supuesto, sino en sus acciones cotidianas. Este hecho se vuelve aún más difícil de comprender cuando miramos más allá de las fronteras de la UE.

Estados Unidos ha elevado explícitamente la agricultura al nivel de seguridad nacional, con su Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola 2025, basado en un mensaje simple: la seguridad alimentaria es seguridad nacional. China lleva mucho tiempo aplicando políticas diseñadas para mantener firmemente el control de su producción agrícola. Rusia, una amenaza de seguridad cada vez más significativa para la UE, también ha convertido la autosuficiencia en alimentos básicos en un objetivo estratégico. Independientemente de lo que se piense de estos enfoques, el mensaje es inequívoco: en el nuevo contexto geopolítico en el que nos encontramos, la agricultura se percibe cada vez más como un activo, no como una carga.

Este otoño, dos procesos determinarán casi todas las demás decisiones en materia de política agrícola: las negociaciones sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) y sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE. Y lo mínimo que podemos decir al examinar detenidamente las propuestas de la Comisión, en particular los importantes recortes propuestos al presupuesto de la PAC y su dilución en Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNRA), es que Europa corre el riesgo de debilitar su patrimonio agroalimentario histórico.

Una PAC desprovista de recursos, privada de su estructura estratégica de dos pilares y desestabilizada en su carácter común, pone en riesgo los propios objetivos establecidos en los Tratados de la UE: garantizar un nivel de vida justo para los agricultores, estabilizar los mercados, asegurar el suministro y garantizar que los consumidores tengan acceso a alimentos a precios razonables.

La PAC, tal como la concibe la Comisión von der Leyen, también ignora el papel crucial de la agricultura para garantizar la cohesión territorial, sostener las economías rurales e impulsar el crecimiento. Los agricultores no solo somos productores de alimentos; contribuimos a la seguridad y la resiliencia de Europa en todos los sentidos. Los recientes incendios, en los que hemos trabajado codo con codo con los bomberos, dedicando incontables horas y combatiendo las llamas con nuestro propio equipo, fueron otro claro recordatorio de este hecho. Hacemos mucho más que alimentar a Europa: somos los guardianes cotidianos de nuestros paisajes rurales.

Recordamos las acertadas palabras que el Comisario Hansen pronunció ante el Parlamento Europeo en julio de 2025 tras su visita a Finlandia: «Los agricultores contribuyen a la línea de defensa de la UE».

La agricultura es también una fuente de poder europeo. Somos la base de una cadena de valor agroalimentaria europea que genera más de un billón de euros en valor añadido bruto. Recordemos que la Unión cuenta con 9,1 millones de explotaciones agrícolas que dan empleo a 8,7 millones de personas, mientras que más de 23.000 cooperativas agrícolas emplean a más de 607.000 personas y constituyen un pilar fundamental de la cadena de valor agroalimentaria. Por lo tanto, no se trata de un sector marginal que deba gestionarse al margen de la agenda de competitividad y crecimiento de Europa; forma parte de ella.

Más allá de estas preocupaciones estratégicas, las propuestas de la Comisión de julio de 2025 han creado una nueva estructura de gobernanza para la agricultura, potencialmente muy problemática. Con la creciente integración de los instrumentos de la PAC en los Planes Nacionales de Política Agrícola (PNPA), las decisiones que tradicionalmente se han configurado a través del proceso de política agrícola pasan a formar parte de negociaciones más amplias del Marco Financiero Plurianual (MFP), donde los ministros de Asuntos Europeos y Finanzas tendrán inevitablemente mayor influencia. Nos cuesta imaginar un futuro en el que las decisiones sobre la Organización Común de Mercados (OCM), incluidas las intervenciones sectoriales y los instrumentos agrícolas altamente técnicos, se definan principalmente mediante negociaciones lideradas por los ministros de Finanzas y Asuntos Europeos.

¿Y qué podría ocurrir en la fase de implementación, cuando las decisiones nacionales sobre los instrumentos de la PAC se vean sometidas a la competencia entre ministerios y regiones por financiación e influencia? El riesgo es evidente. Bajo una intensa presión política y de tiempo, las decisiones podrían estar menos influenciadas por las realidades económicas y agronómicas de la agricultura europea que por concesiones políticas, cálculos nacionales y compromisos ajenos a las necesidades del sector. Nunca antes la PAC había estado tan cerca de perder su letra más importante: la «C» de «Común».

Queremos ser muy claros: esto supondría una pérdida no solo para los agricultores y las cooperativas agrícolas europeas, sino para el propio proyecto europeo y su futuro. Tras la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿correrá la PAC el mismo destino? ¿Qué imagen proyectaría esto de uno de los ejemplos más avanzados de acción común en la UE? Claramente, antes de intentar «comunalizar» nuevas áreas de acción europea, quizás Europa debería primero proteger y fortalecer las políticas en las que la acción conjunta ya ha demostrado su eficacia.

Lo que está en juego es especialmente importante, ya que los líderes de la UE están acelerando las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) de cara a un ciclo electoral decisivo en 2027, cuando alrededor del 60% de todos los ciudadanos de la UE acudirán a las urnas. En este contexto electoral, no podemos evitar preguntarnos: ¿Qué mensaje políticamente perjudicial están enviando los líderes de la UE a los agricultores, las comunidades rurales y, en última instancia, a los consumidores?

Los ciudadanos ya nos están diciendo lo que les importa. El último Eurobarómetro del Parlamento Europeo muestra que la inflación, el aumento de los precios y el coste de la vida son la principal prioridad para el 47 % de los europeos, seis puntos más que en otoño de 2025. Esto debería ser una llamada de atención. Los precios de los alimentos son una parte esencial del debate sobre el coste de la vida. Los alimentos asequibles no se consiguen debilitando la capacidad de producción de Europa, sino garantizando que una agricultura europea competitiva, productiva y resiliente siga siendo una prioridad para Europa.

No necesitamos otro conjunto de soluciones a corto plazo, iniciativas puntuales y estrategias de comunicación de la Comisión. Necesitamos una visión política convincente, respaldada por políticas estables y planes predecibles, que dé a los agricultores la confianza necesaria para invertir e innovar. De lo contrario, dudamos que contemos con los argumentos necesarios para seguir convenciendo a jóvenes motivados de unirse a nuestras filas y superar la brecha generacional que afrontaremos en la próxima década.

El futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) debe reconocer la producción alimentaria como un objetivo estratégico intrínsecamente ligado a la defensa, la seguridad y la competitividad de Europa. El Fondo Europeo de Competitividad también desempeñará un papel fundamental en la promoción de la adopción de la innovación (es decir, el uso de datos e inteligencia artificial), apoyando el despliegue a gran escala y la infraestructura necesarios para la continua transición y resiliencia de la agricultura. Sin embargo, estos instrumentos deben complementar, no sustituir, una PAC sólida y una Organización Común de Mercados que funcione correctamente.

En octubre, mientras los líderes europeos se reúnen en un Consejo Europeo crucial, los agricultores europeos se congregarán en Estocolmo para el Congreso de Agricultores Europeos, donde evaluarán la situación y definirán el rumbo de las acciones futuras. Afrontaremos ese momento decisivo con determinación, porque sabemos lo que está en juego. No puede haber una Europa segura sin un sector agrícola fuerte. Y no puede haber una agricultura europea fuerte sin políticas europeas adecuadas.