Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha anunciado hoy que presentará un recurso de alzada ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras la denegación del uso excepcional de varias sustancias activas imprescindibles para el cultivo de tomate para industria, una decisión que pone en riesgo inmediato la campaña 2026.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que la negativa del Ministerio deja en una situación crítica a uno de los cultivos estratégicos de la región, ya que es líder a nivel nacional, comprometiendo la próxima campaña de tomate para transformación, con más de 1,9 millones de toneladas contratadas y cerca de 21.000 hectáreas que se destinarán a este cultivo.
La denegación de uso de determinadas materias activas impide un control eficaz de plagas y malas hierbas que afectan gravemente al rendimiento del cultivo y a la rentabilidad de los agricultores, sin que existan otras materias activas que sean igualmente eficaces. “De mantenerse esta situación, el tomate para industria puede volverse inviable en Extremadura, puesto que una plaga puede terminar en días con el cultivo, con el consiguiente impacto en cooperativas, industrias transformadoras, empleo rural y economía y medio ambiente regional”, ha explicado el presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Juan Francisco Blanco. Blanco ha señalado que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha mantenido reuniones con Delegación del Gobierno en Extremadura y con la Dirección General de Sanidad de la Producción Alimentaria del Ministerio de Agricultura para trasladarles la importancia de que el Gobierno autorice estos usos excepcionales. Según ha recordado, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura solicitó, en concreto, el uso excepcional de las sustancias activas Spirotetramat, Metribucina y Metan Sodio, ante la escasez de sustancias autorizadas que resulten eficaces para la lucha contra malas hierbas y plagas que infectan al cultivo de tomate. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura no ha autorizado su utilización de las dos primeras y ha puesto condiciones al uso del Metan Sodio que encarecen notablemente su aplicación hasta hacerla económicamente inasumible para muchos productores.
Esta situación puede afectar gravemente a la planificación y desarrollo de la campaña de tomate para industria, teniendo en cuenta que estas materias activas se han utilizado en las anteriores campañas sin ocasionar ningún problema sanitario ni medioambiental y están autorizadas en otros países europeos Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que la solicitud de este uso excepcional es sensata y argumentada, limitada a donde su uso es imprescindible. “Porque no pedimos carta blanca, sino coherencia. Coherencia con los principios de la propia UE, que aboga por una agricultura sostenible pero también competitiva. No puede ser que se nos exija producir de forma sostenible y que no se nos proporcionen herramientas eficaces para proteger los cultivos”, ha explicado Blanco.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha exigido al Gobierno coherencia entre la autorización de uso de productos fitosanitarios y la política comercial internacional. “No puede ser que alimentos producidos con prácticas prohibidas en Europa entre sin control en nuestros mercados, ni que desde Bruselas se autorice un producto en un país y se prohíba en otro. Esta doble vara de medir nos deja fuera de juego”, ha agregado el presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, recordando el compromiso de agricultores y ganaderos cooperativistas con el uso responsable de fitosanitarios. “Agricultores y ganaderos estamos centrando esfuerzos en reducir riesgos; pero una cosa es reducir y otra muy distinta es renunciar. Sin soluciones técnicas, lo que se reduce no son los riesgos, sino los rendimientos y, con ello, el cultivo desaparece”, ha señalado.
Finalmente, desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se ha insistido en la necesidad de escuchar al sector agrario y que se plasme en decisiones y políticas firmes que protejan su futuro, abogando así por una revisión por parte del Ministerio de la decisión adoptada.
El recurso de alzada, previsto en la legislación administrativa como paso previo a la vía contencioso-administrativa, solicita que el órgano superior revise la resolución y autorice los usos excepcionales solicitados ante la ausencia de alternativas realmente eficaces.