Agricultores exigen al MAPA que defienda en Bruselas unas ayudas al encarecimiento de los fertilizantes con presupuesto propio

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valora positivamente la aprobación por parte del Parlamento Europeo esta semana de la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea para hacer frente al fuerte incremento de los precios de los fertilizantes, al suponer un reconocimiento explícito de que el encarecimiento de estos insumos está comprometiendo la liquidez, la rentabilidad y la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias europeas.

La propuesta, que será sometida a la aprobación definitiva del Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH) el próximo 13 de julio, incorpora medidas como la creación de un nuevo tipo de intervención temporal en el marco de los Planes Estratégicos de la PAC, financiada con cargo al FEADER, para apoyar a los agricultores afectados, la posibilidad de adelantar los pagos directos de la PAC y una mayor flexibilidad para que los Estados miembros adapten determinadas asignaciones de ayudas en 2027.

Unión de Uniones recuerda además que la propuesta no incorpora financiación adicional para la Política Agraria Común, sino que permite reasignar recursos ya existentes dentro de los Planes Estratégicos de la PAC. La organización advierte de que una respuesta a una crisis extraordinaria de costes no debería financiarse detrayendo fondos destinados a otras necesidades igualmente importantes del sector agrario, por lo que considera necesario que los Estados miembros dispongan del margen suficiente para evitar este efecto y que la respuesta europea no termine trasladando el problema de unas medidas a otras.

Asimismo Unión de Uniones considera que el procedimiento de urgencia seguido por las instituciones europeas ha impedido mejorar diversos aspectos del texto que resultan esenciales para que estas medidas puedan aplicarse con eficacia y responder realmente a las necesidades del sector.

Con este objetivo, la organización ha remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus propuestas de modificación del reglamento, actualmente en fase de consulta pública, para que el Gobierno las defienda ante el Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH) y las incorpore, en la medida de lo posible, a la aplicación de estas medidas en España.

Entre las principales cuestiones planteadas por Unión de Uniones destaca, en primer lugar, la necesidad de evitar que la ayuda termine limitándose, en la práctica, a determinados cultivos herbáceos. La organización recuerda que el incremento del coste de los fertilizantes afecta igualmente a producciones como el maíz, el arroz, los cultivos industriales, las explotaciones hortícolas, los cultivos permanentes, los forrajes y la ganadería ligada a la tierra, por lo que considera imprescindible que todos los sectores que soportan este incremento de costes puedan acceder a los apoyos.

Asimismo, la organización reclama que los agricultores más afectados puedan identificarse mediante criterios objetivos, transparentes y ya disponibles en los sistemas de gestión de la PAC, evitando que los beneficiarios deban justificar individualmente, factura por factura, el aumento de los costes soportados. A juicio de Unión de Uniones, una carga administrativa de ese tipo retrasaría precisamente el objetivo que persigue la norma: aportar liquidez de forma rápida a las explotaciones.

Otro de los aspectos que la organización considera prioritarios es que las ayudas puedan calcularse, preferentemente, mediante costes unitarios por hectárea suficientemente adaptados a la diversidad de sistemas productivos existentes. El consumo de fertilizantes y el impacto económico de su encarecimiento difieren notablemente entre un cereal de secano, un cultivo de regadío, un olivar, un viñedo o una explotación hortícola, por lo que la regulación debe permitir una adecuada diferenciación de las ayudas.

Igualmente, Unión de Uniones considera necesario que el reglamento deje claro que la compensación puede referirse al conjunto de los fertilizantes utilizados por las explotaciones —nitrogenados, fosfatados, potásicos, complejos, organominerales o enmiendas fertilizantes— y no únicamente a una parte de ellos, puesto que el incremento de precios ha afectado al conjunto del mercado.

Por último, la organización solicita que se clarifique expresamente que la fecha del 1 de marzo de 2026 prevista en la propuesta constituye únicamente una referencia para calcular el incremento de precios y no una fecha que pueda excluir determinadas compras realizadas con anterioridad dentro de la planificación habitual de las explotaciones agrarias.

La organización confía en que el Gobierno español aproveche la fase final de tramitación de este reglamento para defender estas propuestas, con el objetivo de que la respuesta europea frente al encarecimiento de los fertilizantes resulte verdaderamente útil para los agricultores y ganaderos españoles.