La Unió Llauradora ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva los problemas ocasionados a los agricultores afectados por el cambio de calificación de parcelas agrícolas al Dominio Público Hidráulico tras la DANA 2024 en la Comunidad Valenciana.
La organización traslada que numerosas parcelas con actividad agraria consolidada, algunas con derechos reconocidos dentro de la PAC y otras incluso con autorizaciones de riego, van a ser incorporadas a la nueva delimitación de DPH como resultado de la alteración física de cauces y barrancos tras el evento climático, lo que les causa un enorme impacto económico y jurídico.
Ante esta situación, demanda al Ministerio una compensación económica justa y proporcional que tenga en cuenta el valor patrimonial del suelo, la pérdida de capacidad productiva y el perjuicio económico generado.
También solicita la conservación de derechos agrarios para su reactivación futura, es decir, que los derechos de ayuda directa de la PAC vinculados a superficies hoy desaparecidas o inutilizables se mantengan a nombre del agricultor o ganadero afectado, pudiendo ser activados sobre otras superficies agrarias que adquiera o arriende en el futuro. Y para el caso de parcelas con derechos de plantación de viñedo, que dichos derechos se conserven igualmente en propiedad del agricultor afectado, sin pérdida de validez, y se habilite su activación sobre otras superficies vitícolas.
En relación con el riego, le pide que se respeten los derechos preexistentes, permitiendo su traspaso a nuevas parcelas de sustitución. Para los casos en que existiera autorización de uso de pozo individual que se facilite una nueva autorización equivalente para el uso en la nueva ubicación.
LA UNIÓ también reclama mayor claridad administrativa y jurídica. En este sentido, insta al Ministerio dirigido por Sara Agaasen que se garantice la incorporación actualizada de las nuevas delimitaciones del DPH al visor SIGPAC, de forma que los agricultores puedan conocer de forma sencilla y transparente la situación legal de sus parcelas. También que se asegure la información previa individualizada y la posibilidad de consulta y alegación.
Para Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ “La situación generada por la DANA ha ocasionado una modificación física de la red hídrica que debe ser abordada con criterios de equidad, proporcionalidad y colaboración institucional, sin menoscabar los derechos legítimos de quienes, durante décadas, han desarrollado una actividad agraria lícita y necesaria para el equilibrio rural y ambiental del territorio”.
LA UNIÓ ya había trasladado todas estas peticiones en la reunión mantenida el pasado 27 de junio con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la comisaría de Aguas.
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