La Comisión de Agricultura de la UE vota a favor de la cooperación transfronteriza contra las prácticas comerciales desleales

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE propone una mayor protección de los agricultores contra las prácticas comerciales desleales de los supermercados y las empresas de procesamiento de alimentos.

Las normas de la UE para la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentaria se aprobaron con 44 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. La nueva ley pretende mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la prohibición de las prácticas comerciales desleales en la UE, mejorando y haciendo obligatorio el intercambio de información, las investigaciones y la imposición de sanciones.

Para reforzar la protección de los agricultores, los eurodiputados piden que los Estados miembros intervengan de oficio, frenando las prácticas comerciales desleales transfronterizas por iniciativa propia, sin necesidad de una denuncia formal por parte del productor. Este sistema replicaría el régimen de protección de las Indicaciones Geográficas en el Mercado Único.

Los eurodiputados quieren mejorar el sistema propuesto de alertas sobre prácticas comerciales desleales que podrían estar ocurriendo en dos o más países. Los puntos de contacto designados por las autoridades nacionales de control y la Comisión deberían crear una red de información permanente. Gracias a esta red, todos los miembros recibirían notificaciones automáticas e inmediatas sobre presuntas prácticas comerciales desleales en otros países.

Para evitar que los operadores eludan la ley trasladando su sede fuera de la UE, los eurodiputados quieren extender las normas para proteger a los productores afectados por prácticas comerciales desleales de compradores de terceros países. Al mismo tiempo, todos los compradores establecidos fuera de la UE deberán designar a una "persona responsable de la UE" antes de poder comprar sus productos agrícolas y alimenticios en la UE, según los eurodiputados. Esta persona podría ser sancionada con multas por el incumplimiento de las normas por parte del vendedor, proponen los eurodiputados.

Los eurodiputados quieren garantizar que, en los casos en que los Estados miembros hayan decidido prohibir prácticas comerciales más desleales que las prohibidas por la legislación vigente de la UE, como la prohibición de vender por debajo del coste de producción, las autoridades competentes puedan aplicar, de mutuo acuerdo, las nuevas normas de cooperación mutua.

El ponente Stefano Bonaccini (S&D, Italia) declaró: «La votación de hoy, tras semanas de intensa y fructífera cooperación entre todos los grupos políticos, representa un paso importante hacia una mayor protección de los pequeños productores y una cadena agroalimentaria más justa y transparente, libre de abusos y chantajes».

«Nuestro objetivo ahora es completar el proceso legislativo antes de que finalice el año para garantizar una remuneración justa por el trabajo de los agricultores y el valor de sus productos, a la altura de las expectativas de millones de ciudadanos europeos», añadió el ponente.

Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura también decidieron iniciar conversaciones con los países de la UE sobre la forma definitiva de la legislación, con la aprobación del Pleno en septiembre de 2025.

La Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (PDU), adoptada en 2019, protege a los agricultores que venden sus productos a grandes superficies y empresas de procesamiento de alimentos de prácticas como el pago tardío de productos o la cancelación de pedidos con poca antelación. Sin embargo, dado que alrededor del 20 % de los productos agrícolas y alimentarios consumidos en la UE proceden de otro Estado miembro, el nuevo reglamento sobre cooperación transfronteriza entre las autoridades responsables de la aplicación de la Directiva sobre PDU busca mejorar la cooperación entre estas autoridades en casos de prácticas comerciales desleales en los que proveedores y compradores se encuentran en diferentes Estados miembros.