Agricultores cargan contra el Gobierno por “incumplir la ley” con la ubicación de la planta solar para la desaladora de Torrevieja

ASAJA Alicante muestra su disconformidad con las ubicaciones propuestas para la instalación de la planta fotovoltaica que suministrará energía a la desaladora de Torrevieja. “Los emplazamientos propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica vulneran fincas agrícolas protegidas”, avisa el presidente de la asociación agraria alicantina, José Vicente Andreu.

Por tanto, lejos solventar el problema, lo que hace el gobierno central es “moverlo a otra parte” ocupando suelos de alta capacidad productiva, como planteaba el plan inicial. Dichas fincas de regadío están declaradas de interés nacional por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y, por tanto, es un suelo que debe estar protegido de este tipo de instalaciones que acaban precisamente con el objeto de dicha declaración. 

Ante esta situación, ASAJA Alicante propone emplear suelos de secano que no cuenten con protección ambiental según la normativa europea. Y añade que “sí los hay disponibles en el área elegida; lo único que hace falta es analizar mejor el territorio”. 

Asimismo, la entidad considera que este hecho constituye una muestra más de un gobierno que tiene como objetivo dañar al sector primario, fruto de la obcecación del mencionado Ministerio por acabar con la agricultura más productiva del país, el regadío del Levante español. ASAJA insiste en que esta circunstancia no es aislada; “es un despropósito tras otro”: forma parte de una larga lista que llevamos soportando los agricultores alicantinos, como la aplicación de unos caudales “ideológicos”, que no ecológicos, que se usan como ariete para reducir el agua que se trasvasa a la cuenca del Segura, sin beneficiar a nadie a cambio. Otro ejemplo más es la falta de voluntad real de realizar las infraestructuras hídricas necesarias como las tuberías que lleven el agua desalada a todos los regantes, proponiendo un proyecto no ejecutable desde el punto de vista ambiental. 

Andreu desaprueba que se proponga un proyecto cuya ejecución constituiría un delito ambiental, “algo inadmisible”, y solo concebible como excusa para no conectar la desaladora de Torrevieja con los canales del trasvase, y con ello poner en mayores dificultades a los regantes.