Acuerdo en la UE sobre cooperación transfronteriza contra las prácticas comerciales desleales que afectan a los agricultores

El miércoles, los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron reforzar la protección de los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales de los compradores de productos agrícolas.

Gracias al texto acordado, la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la prohibición de la UE contra las prácticas comerciales desleales será obligatoria, de modo que se prevengan, investiguen y sancionen las prácticas comerciales desleales transfronterizas que sufren los agricultores y los pequeños productores agrícolas a manos de grandes compradores, incluidas las cadenas minoristas y sus alianzas. Con este sistema, se reequilibrarán las relaciones de poder a lo largo de la cadena de suministro y los agricultores recibirán una remuneración justa por su trabajo. Detener las prácticas comerciales desleales transfronterizas por iniciativa de los Estados miembros.

Para reforzar la protección de los agricultores, los eurodiputados garantizaron que los Estados miembros intervengan de oficio, deteniendo las prácticas comerciales desleales transfronterizas por iniciativa propia, sin necesidad de denuncia formal por parte del productor. 

Para evitar que los operadores eludan la ley trasladando su sede fuera de la UE, los eurodiputados garantizaron que las normas también protejan a los productores que sufren prácticas comerciales desleales por parte de compradores de terceros países.

A petición del Parlamento, los compradores con sede fuera de la UE también deberán designar una persona de contacto responsable en la UE en caso de que se inicie una investigación contra dicho comprador. Esta persona será el principal punto de contacto para las autoridades competentes y estará obligada a facilitar las investigaciones sobre prácticas comerciales desleales. Intercambio transfronterizo de información

Los eurodiputados acordaron con el Consejo que las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley se informarán mutuamente sobre prácticas comerciales desleales, que podrían estar produciéndose en dos o más países, o sobre el riesgo de que se produzcan, a través del sistema de intercambio de información transfronterizo. Este intercambio tendrá un importante efecto disuasorio y garantizará respuestas rápidas y coordinadas para detener las prácticas comerciales desleales.

Los eurodiputados también introdujeron la opción para los Estados miembros que hayan decidido prohibir más prácticas comerciales desleales que las dieciséis prohibidas por el Reglamento sobre Prácticas Comerciales Desleales.

El ponente Stefano Bonaccini (S&D, IT) declaró: «Gracias al trabajo del Parlamento, hemos logrado transformar una simple regulación administrativa en un acto de justicia económica y social, diciendo basta ya a quienes piensan que los agricultores deben someterse a los dictados de los grandes compradores y minoristas. Hoy, Europa demuestra que sabe escuchar y decidir: elegimos estar del lado de quienes más lo necesitan, con mayor protección para los pequeños productores y una cadena de suministro agroalimentaria libre de abusos y chantajes contra los más vulnerables». 

El acuerdo preliminar aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento. Las normas entrarán en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la UE y serán aplicables durante los 18 meses posteriores.

La Directiva sobre prácticas comerciales desleales (PCD), adoptada en 2019, protege a los agricultores que venden sus productos a grandes supermercados y empresas de transformación alimentaria de prácticas como los retrasos en los pagos o la cancelación de pedidos con poca antelación. Sin embargo, dado que aproximadamente el 20 % de los productos agrícolas y alimentarios que se consumen en la UE proceden de otro Estado miembro, el nuevo reglamento sobre cooperación transfronteriza entre las autoridades responsables de la aplicación de la Directiva PCD tiene como objetivo mejorar la cooperación entre estas autoridades en casos de prácticas comerciales desleales cuando proveedores y compradores se encuentran en diferentes Estados miembros.