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Los productores posicionan la actividad agraria como "cuestión de Estado" y proponen medidas para los próximos 20 años

Productores y cooperativistas han firmado un documento que entregarán al Ministro de Agricultura con el fin de crear normas, estructuras y herramientas que supongan un cambio en el modelo actual y que aseguren el futuro de la actividad agraria.

Reivindicaciones España - 07/05/2024 14:01:50
Agricultor, en el campo de cultivo.








Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias han firmado, conjuntamente, un documento reivindicativo que entregarán al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el que se plantean la agricultura y la ganadería como cuestión de Estado.

En este documento, se exponen las necesidades y reivindicaciones de un sector que se está viendo asfixiado por la competencia desleal que supone para los productores la política comercial internacional que se está llevando a cabo; por las vicisitudes que está sufriendo debido a la sequía y a las inclemencias derivadas del cambio climático, así como por las normativas impuestas tanto desde el Gobierno español como desde Bruselas, que regulan en contra de los intereses de agricultores y ganaderos.

En este sentido, Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, ha indicado que "si no se tiene en cuenta a la agricultura y a la ganadería en las zonas rurales, como se ha venido haciendo en Bruselas, mal vamos", así como ha hecho hincapié en las consecuencias de la guerra de Ucrania para los productores españoles: "todo el mundo tiene derecho a la rentabilidad, pero el hecho es que los barcos salen cargados de cereal desde Ucrania, provocando una competencia desleal que ha llevado a que los costes de producción de los cereales estén muy por encima del precio al que se venden", por lo que ha subrayado la necesidad de la convocatoria de ayudas directas para fertilizantes y para las semillas de herbáceos y cereales.

Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha incidido en el "gravísimo problema" que está produciendo el comercio internacional con terceros países, concluyendo en "ruina" todos aquellos productos autóctonos cuyo espacio en el mercado se ve invadido por productos de países terceros, y ha puesto el caso de la cebolla, cuyo mercado se ha visto invadido por cebolla de Sudamérica, provocando que "todos los contratos comerciales que se están realizando, estén por debajo de los costes de producción", por lo que piden la creación de un observatorio o comisión permanente que vele por el control de los contingentes, asegurando la estabilidad de los precios de los productos españoles y la rentabilidad de sus productores. 

Además, ha hecho referencia a la "sequía tremenda" que sigue sufriendo el campo español pese a las últimas lluvias, especialmente en el sureste español, Andalucía y Cataluña, donde se están dando "cultivos enteros de secano por perdidos", y ha indicado la necesidad de financiación para sufragar estas pérdidas,  ya que lo contrario supondría el fin de las explotaciones de secano, aunque también en el regadío, ya que "hay zonas de regadío en las que no han podido cultivar los productos habituales por falta de agua".

Una difícil situación que también sufre la ganadería, ya que, según Padilla, "no puede ser que en España haya más legislación que la que viene de la Unión Europea, y que asfixia a los ganaderos, como es el caso de la necesidad de un veterinario por explotación", por lo que piden la abolición de esta normativa, así como la de bienestar animal, "que es inviable para los ganaderos".

Un conjunto de circunstancias que ponen al relevo generacional contra las cuerdas: "Seis de cada 10 activos agrarios se van a jubilar en 10 años", ha destacado Padilla, por lo que ha señalado la necesidad de facilitar a las nuevas generaciones el acceso a la tierra frente a la incursión de los grandes fondos de inversión, que se quedan con las mejores tierras, ya que, de lo contrario, "los jóvenes no podrán incorporarse y mantenerse para vivir dignamente de esta profesión", así como ha querido subrayar la necesidad de adaptar los seguros a los productos, en función de sus tasas, producciones y lo que se paga por kilo, puesto que en el caso de algunos productos, las inclemencias del cambio climático, sin seguros, hacen el mantenimiento de la producción inviable", incidiendo asimismo en que "sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad ambiental" y que la "agricultura y la ganadería son parte de la solución ambiental, por lo que se tiene que contar con agricultores y ganaderos para la toma de decisiones", aludiendo a Europa, donde ha asegurado que "hay mucho politiqueo y pocas soluciones". 

Desde Cooperativas Agroalimentarias, su presidente, Ángel Villafranca, ha reseñado que la entidad a la que representa no ha estado presente en las negociaciones del Ministerio de Agricultura, por lo que ha querido sumarse a la firma de este documento reivindicativo que sitúa al campo como cuestión de Estado, en un "momento de transición de la agricultura y la ganadería debido a la nueva PAC, la sequía, el cambio climático y la falta de mano de obra", con la intención de crear normas, estructuras y herramientas para los próximos 20 años.

En este sentido, ha expuesto que uno de los principales problemas del agro español es el que debería regular, sin éxito, la Ley de la Cadena, "cuyo objetivo, en 2020, era el de garantizar la rentabilidad agraria, pero no se está cumpliendo, ya que no existen medidas de regulación en los mercados ni control en las fronteras", así como ha incidido en que esta Ley debe respetar el modelo de empresa cooperativa, porque "las cooperativas no reciben el mismo tratamiento que las mercantiles", explicando que las mercantiles no deben registrar sus contratos, pero las cooperativas sí, por lo que no existe igualdad de condiciones, y ha aludido a la gran cantidad de inspecciones exhaustivas que están recibiendo las cooperativas a este efecto por parte de la AICA, "cuando en una cooperativa, los propios productores, son los socios dueños de la empresa, y es internamente como se establecen las reglas de la comercialización de los productos", quedando expuestos, siguiendo las normas de la Ley de la Cadena, a multas de hasta 100.000 euros que deben pagar los propios productores.

Del mismo modo, Villafranca ha subrayado la necesidad, por parte del Gobierno español, de una "apuesta decidida por una política hidráulica del siglo XXI, dotada de inversiones, innovación e investigación, por lo que es necesario un cambio en el modelo, y no seguir derrochando agua para producir electricidad", ofreciendo por parte del sector agrario "consenso y conocimiento" para cooperar en dicho cambio, ya que "donde hay agua, no hay despoblamiento, hay economía, vida y rentabilidad, y para que los jóvenes se incorporen, es necesario que haya agua". Además, ha propuesto mejorar el sistema de seguros con pólizas colectivas a las que puedan acogerse entidades como OPFH o cooperativas, que "aporten sus equipos técnicos para realizar las respectivas peritaciones, posicionando el seguro agrario como una de las herramientas del futuro".

Una serie de reivindicaciones que vienen recogidas en el documento que esta alianza entregará al ministro y ante el que, a día de hoy, no existe un calendario de movilizaciones, en el caso de que el Ministerio no dé respuesta.

No obstante, han destacado que "en la pandemia éramos una prioridad y lo seguimos siendo, al garantizar alimentos a pocos kilómetros de los supermercados, con la seguridad alimentaria y la trazabilidad que caracterizan a los productos españoles".

Redacción Infoagro: Lydia Medero 

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