Los agricultores lamentan la "oportunidad perdida" de reivindicar sus necesidades en el Parlamento catalán

Tampoco instaron al Gobierno a conseguir la competencia del establecimiento de bonificaciones fiscales en el IRPF y que el Estado las establezca en su participación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, dirigidas al campesinado que ha adoptado compromisos medioambientales y climáticos, como la agricultura y ganadería ecológicas, los cultivos sostenibles o los sistemas alternativos a la lucha química, ya que en Cataluña no pueden, por carencias presupuestarias, percibir íntegramente los costes y/o lucros cesantes que conllevan, mientras que después deben tributar por la ayuda que no cubre el impacto económico que conlleva a su actividad.

En el mismo sentido, en Cataluña tampoco se pueden establecer las bonificaciones fiscales en dichos impuestos por las ayudas a las zonas con limitaciones naturales (de montaña) y otras limitaciones naturales, por carencias presupuestarias, no se compensan los costes y/o lucros cesantes por la actividad en estas zonas.

El sindicato advierte que tampoco se instó a materializar, durante el 2024, la catalogación de los municipios que deben estar incluidos en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas distintas a las de montaña. En 2022 finalizó el período transitorio para quienes pudieron estar incluidos, y ahora, por las carencias del Gobierno, el campesinado profesional de estos municipios está discriminado al no poder disfrutar de las correspondientes compensaciones y situaciones de preferencia.

Otro de los aspectos relevantes no tratados es la tolerancia con el fraude en la percepción de ayudas directas de la PAC, que comporta a su vez un segundo fraude, este fiscal en el IRPF, y al mismo tiempo un freno al relevo generacional (a Cataluña, con datos del Censo Agrario de 2020, el 40,92% de los jefes de explotación tenían 65 años y más), y en la consolidación del campesinado profesional. Esta situación intolerable pone también en riesgo la viabilidad de la modernización de los regadíos de promoción pública.

Sin embargo, cabe constatar que otros aspectos sugeridos por el sindicato en los grupos fueron debatidos e incluidos en la Resolución adoptada, como la constatación de que el contenido de las Resoluciones de los dos últimos monográficos sobre el mundo agrario (2010 y 2014) son plenamente vigentes ya que no se han cumplido ni satisfactoriamente ni en su totalidad y el Gobierno debe hacer balance y dar cuentas al Parlamento ya la Mesa Agraria de su cumplimiento. Otra cuestión que consta en la Resolución es la incorporación de todos los sectores y la integración ganadera, antes de finalizar el 2024, en el Observatorio de precios agroalimentarios; la revisión de los criterios del Plan de la sequía respecto a la agricultura y la ganadería; el despliegue urgente de la Estrategia de relieve generacional agrario de Cataluña; la redacción o licitación de la redacción, sin más dilaciones, del Plan territorial sectorial agrario de Cataluña, y el íntegro cumplimiento de la Ley de los espacios agrarios.

Otros puntos incluidos son la reversión del trasvase del Ter al Área Metropolitana en un calendario máximo de cinco años, encontrar una solución urgente para el aprovechamiento del agua de la depuradora de Reus para los regantes de Riudecañas, y asegurar el desempeño del Acuerdo de trabajo por la simplificación administrativa en el sector primario de julio de 2023, entre otros.