Las protestas del sector continúan a lo largo y ancho de todo el país

Las organizaciones profesionales agrarias representativas de España, ASAJA, COAG y UPA, convocan hoy tractoradas en Ciudad Real, Ávila y Salamanca, con los permisos autorizados por las respectivas delegaciones de gobierno, y a lo largo de las próximas dos semanas tienen previstas más protestas en un total de 28 provincias del país. 

En la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) empezó el calendario oficial de movilizaciones el pasado 26 de enero en Utiel-Requena, al tratarse de una comarca especialmente afectada por la crisis de rentabilidad, y las próximas protestas serán de manera unitaria, junto al resto de organizaciones agrarias y con el apoyo de las cooperativas, en Castellón (jueves 15 de febrero), Alicante (viernes 16 de febrero) y Valencia (jueves 22 de febrero). 

Las entidades representativas del campo valenciano aseguran que esta unidad de acción solo ha establecido una primera fase de movilizaciones, pero que, si las distintas administraciones no toman las medidas reivindicadas con rapidez y contundencia, no descartan prolongar este calendario de acciones tanto a nivel autonómico como nacional y europeo. Por ello, paralelamente a las protestas, reclaman reuniones con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, para trasladarles personalmente las demandas del sector. 

Todas las organizaciones agrarias y cooperativas de la Comunidad Valenciana exigen un cambio de rumbo de las políticas europeas, priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo; reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor; reducir la burocracia, especialmente a las pequeñas explotaciones; flexibilizar el cuaderno digital de explotación; un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros; evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas; cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas; un plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción; una planificación hidrológica y soluciones al problema de falta de ayudas para paliar la sequía; cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta, etc.