La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) califica de “lamentable” la intención de algunas formaciones políticas de Fuerteventura de desmovilizar la organización de la manifestación del sector agrario de la isla que se ha desarrollado este viernes desde las 12:30 del mediodía en la capital majorera.
La protesta, en sintonía con las que se han sucedido en Gran Canaria, Tenerife y La Palma el pasado mes de febrero bajo el lema “El Campo se Planta”, muestra su rechazo a la Política Agraria Común (PAC) que, con sus restricciones, regulación y burocracia, está arruinando y poniendo en riesgo el futuro de la actividad que produce alimentos.
Para Ángela Delgado, presidenta de Asaga Canarias Asaja, presente en la manifestación, “este tipo de actuaciones no solo demuestra la poca o nula sensibilidad que tienen determinados políticos con la agricultura, y sobre todo con la ganadería local, la actividad con mayor peso en la isla, de la que salen los mejores quesos de cabra de España y los más reconocidos en el ámbito internacional, sino también la intención de dividir al campo canario para que pierda fuerza en favor de intereses o fines particulares”.
Cabe recordar que, entre las reivindicaciones del sector agrario, está el rechazo a la reactivación de la línea marítima con el puerto de Tarfaya ante el alto riesgo de entrada de plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas, así como de productos alimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa y bajo prácticas de bienestar animal inexistentes. Temor que ha sido respaldado por dos informes del Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias donde se detallan los múltiples patógenos a los que estaría expuesta la actividad agraria del Archipiélago si se pone en marcha esta conexión.
Asaga Canarias Asaja, que reitera su negativa al tráfico rodado desde Marruecos, defiende que toda importación agrícola, ganadera o de cualquier otro tipo de material que provenga de países africanos y, comporte algún riesgo sanitario, debe ser rechazada si no disponemos de los máximos controles y las máximas garantías de seguridad para evitar perjuicios a nuestra agricultura, ganadería, medio ambiente y territorio. De lo contrario, “estaremos condenando nuestro futuro alimentario como región que debe disminuir su dependencia externa”.
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