El Real Decreto-ley 4/2023, destinado a mitigar los impactos de la sequía en el sector primario, ha generado descontento entre los regantes de la cuenca del Guadalquivir. Considerados uno de los actores más afectados por este fenómeno, señalan que el decreto no aborda el problema subyacente que sufre la cuenca, que es su déficit estructural.
En relación a los regantes, el decreto de sequía establece exenciones del 50% en los cánones y tarifas de este año, en caso de reducción de la dotación de agua entre el 40% y el 60%. Asimismo, contempla una exención del 100% para reducciones de dotación iguales o superiores al 60%. Además, se incluyen obras hidráulicas menores, como el bombeo del embalse del Torre del Águila, entre otras medidas.
Sin embargo, los regantes consideran que estas medidas resultan insuficientes, ya que la situación actual de la cuenca del Guadalquivir no se debe únicamente a la sequía. La sequía simplemente evidencia el grave problema estructural que arrastra la cuenca desde hace años. En los últimos cuatro años, se han aplicado recortes progresivos del 20%, 50%, 70% y 88% respectivamente, una situación sin precedentes en comparación con otras cuencas hidrográficas.
Ante esta situación, es imprescindible implementar obras hidráulicas de gran envergadura para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos y hacer frente al déficit estructural. Además, con la amenaza del cambio climático, el plan hidrológico ya contempla un aumento en el déficit. Por lo tanto, se insta a la puesta en marcha de medidas contundentes, como la construcción de las presas pendientes en la cuenca, como la presa de San Calixto y La Cerrada de la Puerta. También se solicita la implementación de un plan de balsas de riego para las comunidades de regantes, que aumente la capacidad de almacenamiento, así como medidas efectivas de ahorro, como el canon volumétrico y la modernización de las comunidades de regantes.
