Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) reclama a la Generalitat de Cataluña que mantenga el 16 de octubre como fecha de inicio de pago de los anticipos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2023, tal y como prevé la normativa.
El retraso de estos pagos afectaría a unos 40.000 agricultores y ganaderos de Cataluña y provocaría que en muchos casos estos profesionales agrarios se vean obligados a aumentar, aún más, su nivel de endeudamiento.
"Este año hemos vivido una situación de sequía extrema, y los campesinos y ganaderos hemos hecho un gran esfuerzo por mantener las explotaciones y producciones agrarias pese a las restricciones de agua y pérdidas económicas que hemos sufrido", ha declarado Joan Carles Massot, presidente nacional de JARC.
Según datos del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), cerca de 40.000 productoras han solicitado las principales ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a 2023 y el 16 de octubre deberían cobrar unos 210 millones de euros, que suponen el 70% del anticipo de estas ayudas.
"El consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, declaró en junio que no permitirían que ningún campesino tenga que plegar por la sequía; por tanto, ahora es el momento de demostrar que nos consideran un sector estratégico y apuestan por la soberanía alimentaria de nuestro país", ha afirmado Juan Carlos Massot, presidente nacional de JARC.
La organización agraria alerta de que si la Generalitat de Cataluña no inicia el pago del anticipo el 16 de octubre varias explotaciones agrarias y ganaderas verían peligrar su futuro.
El calendario de las ayudas del Ministerio prevé que a partir del 16 de octubre las comunidades autónomas puedan empezar a pagar los anticipos de las ayudas directas de la PAC, que este año alcanzarán el 70% del total de la ayuda. Por último, entre el 1 y el 30 de junio de 2024 se acabarán de completar estos pagos.
Cabe destacar que en este caso el Departamento sólo tiene que gestionar los fondos europeos que recibe y controlar que las solicitudes se ajusten a lo que marca la normativa, no debe realizar ninguna aportación económica.
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