Organizaciones agrarias como Asaja o Cooperativas Agroalimentarias, y con ellas, más de 100 asociaciones de la sociedad civil, encabezadas por la CEOE, Cepyme y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), han mostrado su oposición y rechazo a la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas catalanes en el marco de su nueva investidura como presidente del Gobierno.
Las organizaciones agrarias, como representantes del sector agrario y los empresarios y trabajadores que la forman, que en su conjunto conforman el 9,2% del PIB español, según cifras de 2022, se muestran defensoras del Estado de Derecho en su principio democrático de igualdad entre todos los españoles en los ámbitos político, jurídico, económico y social, apostando por una "España unida y solidaria que potencie los principios y valores que avalan la seguridad jurídica del Estado español" y muestran su preocupación por los acuerdos alcanzados por el PSOE con otras fuerzas políticas en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, verbalizando su "total respaldo a la posición mostrada por parte de CEOE, Cepyme y ATA, alertando del "grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer en la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo", porque -aseguran- "un país son sus instituciones, amparadas por la Constitución", haciendo patente su "inquietud" ante la inseguridad jurídica y la inestabilidad política e institucional que esta situación está generando en todo el país y las posibles repercusiones que pudieran tener en los mercados.
Por su parte, Asaja va más allá, y se refiere a las posibles consecuencias de los pactos de Sánchez con los independentistas en el ámbito laboral del sector agrario como "falta de respeto a la autonomía de las empresas agrarias en el seno de la negociación colectiva y el menosprecio al diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados; una vulneración, de facto, del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso", por lo que alude a las empresas españolas, "desde nuestro papel constitucional y nuestra responsabilidad como interlocutor social, vamos a seguir trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado", por lo que emplaza a agricultores y ganaderos a participar en la protesta civil, convocada por el Foro España Cívica, que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre contra la amnistía en la Plaza de Cibeles de Madrid a las 12:00 h. bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación", con el fin de fortalecer la voz del sector y de garantizar que las necesidades y problemáticas del mismo sean tenidas en cuenta: "en contra de que nuestro sector sea segregado y se ponga en peligro la unidad y la solidaridad territorial y financiera", ya que, consideran, "desde nuestra responsabilidad como ciudadanos, empresarios y como mantenedores y defensores del medio rural, es nuestra obligación defender la institucionalidad, la seguridad jurídica, la igualdad entre los ciudadanos y el mejor marco de convivencia posible para todos".
Redacción Infoagro: Lydia Medero
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