El Senado de Canadá ha ignorado las necesidades de los agricultores de cereales canadienses y las recomendaciones de los miembros electos del Parlamento. El C-234 (una enmienda a la Ley de fijación de precios sobre la contaminación por gases de efecto invernadero) se presentó para corregir la mala política gubernamental y eliminar el impuesto al carbono sobre el propano y el gas natural para los secadores de granos, la calefacción y refrigeración de graneros y otras instalaciones agrarias.
“La C-234 se presentó para corregir un vacío en la legislación. Dado el reciente cambio de rumbo del gobierno en el impuesto al carbono en las provincias atlánticas para el combustible para calefacción, este error debería haber sido corregido hace meses por el gobierno. Es obvio que con pocos diputados liberales en las praderas, el gobierno ha decidido seguir penalizando a los agricultores de cereales de las praderas”, afirmó Daryl Fransoo, presidente de la Asociación de Productores de Trigo de Canadá.
El proyecto de ley de miembros privados fue aprobado por todos los partidos en la Cámara de los Comunes el 29 de marzo de 2023 y ha estado tramitándose en el Senado. Las demoras procesales innecesarias han provocado que el proyecto de ley quede rezagado en la tercera lectura.
“Si los rumores de que la Oficina del Primer Ministro y ciertos ministros del gabinete han presionado a los senadores son ciertos, se trata de una grave violación del procedimiento parlamentario y una clara indicación de que el actual gobierno federal no comprende la agricultura canadiense ni desea apoyarnos. Esperábamos que el Ministro de Agricultura que regresa nos apoyara y hiciera oír su voz en la mesa del Gabinete, pero obviamente no es el caso”, concluyó Fransoo.
El retraso en la aprobación de la C-234 costará a los agricultores una parte importante de sus ingresos y seguirá afectando eal coste de los alimentos para todos.
La Asociación de Productores de Trigo de Canadá, que celebraó su 50º aniversario en 2020, es una organización sin ánimo de lucro de defensa dirigida por agricultores dedicada a desarrollar soluciones de políticas públicas que fortalezcan la rentabilidad y la sostenibilidad de la agricultura y de la industria agrícola canadiense en su conjunto.
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