La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) y Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC, por sus siglas en catalán) valoran en positivo la propuesta de Orden de las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias con cultivos herbáceos y huerta afectadas por la sequía pero consideran que los importes y algunos de los requisitos propuestos por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC) son insuficientes y alertan que la priorización de riego, en favor de los cultivos leñosos, producirá una considerable bajada productiva de arroz y de cultivos herbáceos y hortícolas a las zonas afectadas por las restricciones derivadas por la falta de agua a varios regantes de todo Cataluña.
Ponen énfasis en la situación extraordinaria en la cual se encuentran los cultivos herbáceos y hortícolas atendido, principalmente, en el cierre de los Canales de Urgel y Segarra-Garrigas, un hecho excepcional que no se producía en todos los 160 años de historia del Canal (de hecho, varias comunidades de regantes se han visto forzadas a no ofrecer agua a sus regantes en todo el territorio). Los productores de cereal de invierno, de cereal de verano (maíz), de forrajes y de hortícolas de estos canales renunciaron a regar para poder salvar los árboles frutales. Por este motivo, exponen que la solidaridad de estos productores de herbáceos y hortícolas tiene que derivar en unas ayudas que compensen justamente las pérdidas que han sufrido y, de este modo, garantizar la supervivencia de sus explotaciones.
En cuanto al cultivo del arroz, consideran valorar la afectación por parcela de las comarcas del Bajo y Alto Ampurdán y, especialmente, en las del Bajo Ebro y El Montsiá (margen derecho y margen izquierdo del Ebro), las cuales presentan graves problemas de salinización en más de 300 hectáreas destinadas a este cultivo. También proponen aumentar el importe del módulo para los recintos de arroz sembrados.
En cuanto a los cultivos herbáceos y hortícolas, piden que los módulos base de ayuda se adapten a los costes de producción reales de los cultivos afectados y que se eliminen los topes máximos y mínimos por explotación para garantizar que la ayuda cubre el máximo de gastos de los profesionales agrarios y que los condicionantes para acceder sean coherentes y, por último, que no se excluya ninguna explotación afectada por la sequía.