La nueva ley de residuos para una economía circular, que aprobó el Congreso, no permite quemar los restos vegetales. Esta prohibición supone una vez más para el sector agrario, y el incumplimiento de la normativa, puede acarrear multas para el campesino de entre 2.000 y 100.000 €.
Sólo desde Cataluña, se gestionan aproximadamente 120.000 autorizaciones de quema de vegetales al año. Si bien es habitual que los agricultores trituren parte de la poda para hacer compost, como establece la nueva legislación, este procedimiento no suele emplearse en el caso de grandes volúmenes de restos vegetales, como el arranque o sustitución de árboles, porque puede significar un incremento de los gastos de entre 1.000 y 1.500€ por hectárea.
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña ha solicitado una reunión urgente con la directora general de Agricultura y Ganadería, Elisenda Guillaumes, para tratar este tema. La entidad afirma que ha habido una falta de previsión e información en el sector, por parte del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), dado que el período de quema comienza inminentemente a mediados de octubre (duración hasta a mediados de marzo).
La organización agraria ha anunciado que pedirá una moratoria de la aplicación de la ley estatal reguladora de residuos con el objetivo de modificar el párrafo que regula esta prohibición, “y efectuará toda la presión que sea necesaria en el MAPA, en el DACC y en los partidos políticos para que esta situación que afecta gravemente al sector se revierta con la máxima celeridad.”
Por otra parte, han hecho público que van a trabajar para que desde la Agencia de Residuos (ARC), se acepte que los restos vegetales no tengan consideración de "residuo". La entidad considera que el DL 1/2009 que define el concepto de residuo, en relación con el sector agrario es muy ambiguo y, por tanto, se podría reinterpretar.
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