Piden una PAC exclusivamente para los profesionales para garantizar la soberanía alimentaria

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC por sus siglas en catalán) ha pedido a la reunión celebrada ayer con el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC) que defienda a los profesionales agrarios en el Plan Estratégico que tendrá que presentar Ministerio de Agricultura a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre. La organización considera que ningún sector productor tendría que quedar excluido de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). Esto solo será posible si se destinan las ayudas a los agricultores y ganaderos que viven de su actividad en el campo, que, según JARC tiene que representar como mínimo el 50% de sus ingresos. 

Un estudio realizado por el Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) el 2020 revela que en España, actualmente dos de cada tres agricultores o ganaderos son “agricultores de sofá”, es decir, que están dados de alta en el sector agrario, pero no se dedican como actividad principal, y por tanto no están dados de alta a la seguridad social. Según la entidad, el DACC tendría que poner fin a este agravio para los profesionales del primer sector en la elaboración del Plan Estratégico para Cataluña, para defender nuestro modelo productivo, garantizar la soberanía alimentaria del territorio, el producto de proximidad y el fortalecimiento de las zonas rurales y sus habitantes.

La resiliencia que ha demostrado el sector agroalimentario durante la pandemia lo ha hecho todavía más atractivo en los ojos de los fondos de inversión. Según el estudio realizado por Deloitte, el 58% de las transacciones a escala global que se realizaron en el sector hortofrutícola entre 2017 y 2020, se produjeron en España. Además, seis de cada diez operaciones fueron realizadas por parte de inversores financieros o fondos de capital privado. 

Estas operaciones representan otro escollo para una PAC más profesional, social y justa, porque acaparan gran parte de las ayudas, pero sus beneficios no revierten en el territorio, y están condicionados a la rentabilidad de los resultados, a diferencia de los productores agrarios, que son la única garantía para alcanzar la población de alimentos de calidad, al margen de las fluctuaciones del mercado.