La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este jueves en el Parlamento que “Andalucía no se quedará quieta” ante el “ataque” que supone la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que plantea el Gobierno de España y que perjudica a una población almeriense de 150.000 habitantes y a siete comunidades de regantes, cuya superficie ronda las 23.000 hectáreas.
Crespo ha apelado a la “solidaridad entre territorios”, un concepto que debería primar en cualquier Gobierno que se precie, con independencia del signo político. “Lo que a unos les sobra a otros les hace falta. No entendemos que se pongan chinitas en el camino en un debate que ya estaba superado”, ha agregado la consejera, que ha hecho hincapié en la necesidad de “mirar por la ciudadanía y no por cuestiones políticas al tomar sus decisiones”.
Andalucía es una tierra seca y afectada por el cambio climático, como Murcia y Valencia, igualmente afectadas. La consejera ha explicado que el Gobierno andaluz en el pasado Consejo Nacional del Agua votó en contra de una modificación del trasvase que supondría, por un lado, reducir el volumen mensual en nivel 2 desde los 38 hm³ actuales hasta 27 hm³; y por otro lado, elevar el umbral de paso de nivel 1 a nivel 2 desde los 1.200 hm³ a 1.400 hm³. Por tanto, esta modificación conllevaría una reducción del agua que llega actualmente al Levante almeriense.
Carmen Crespo ha reclamado al Ejecutivo central que, como está haciendo el Gobierno andaluz, ejecute las infraestructuras hidráulicas necesarias en la cuenca del Tajo relativas, por ejemplo, a depuración, en lugar de aumentar los caudales ecológicos. “Están cambiado las reglas del juego sin necesidad en un momento muy complicado por la pandemia, sin tener en cuenta a nuestros agricultores y ciudadanos”, ha añadido.
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