Julien Denormandie, ministro de Agricultura y Alimentación francés, y Agnès Pannier-Runacher, ministro delegado por el ministro de Economía, Finanzas y Recuperación, a cargo de la Industria de Francia, reunieron ayer a los representantes de los productores agrícolas, industrias de procesamiento y distribuidores como parte de un comité de seguimiento de relaciones comerciales. Más que nunca en un momento de recuperación económica, el Gobierno francés sigue movilizado sobre la aplicación efectiva de la ley EGalim para garantizar un reequilibrio de las relaciones comerciales y una mejor distribución del valor en toda la cadena alimentaria. Los ministros exigen que todas las partes interesadas, en todos los sectores, sean responsables.
Esta tercera reunión del comité desde principios de año, permitió hacer un balance del sector después de la crisis sanitaria.
En todas las etapas (producción, procesamiento, distribución), los distintos eslabones de la cadena han podido resistir y adaptarse a las limitaciones inducidas por el confinamiento, lo que ha permitido garantizar la continuidad de los suministros y evitar un deslizamiento en los precios de venta a los consumidores. Los ministros franceses elogiaron el espíritu de responsabilidad demostrado por todos los colectivos durante este período, esencial para la resiliencia de una población de casi 70 millones de personas.
Con respecto al balance de las negociaciones comerciales para el año 2020 en comparación con años anteriores, los ministros tomaron nota de la calma del clima de negociación y del progreso en términos de distribución del valor observado en sectores directamente vinculados a los sectores agrícolas. Sin embargo, está claro que los resultados aún no están al nivel de las expectativas en términos de distribución de valor, aunque el impulso está ahí.
Ciertas dificultades posteriores también han aparecido con la crisis, a la que debemos responder antes de la reanudación de la campaña de discusiones 2020-2021. Por lo tanto, en términos de relaciones comerciales, en la gestión posterior a la crisis, debe tenerse en cuenta la reciente recomendación de la CEPC2 (Comisión de Revisión de Prácticas Comerciales), a la que el Gobierno estará muy atento, especialmente en términos de sanciones logísticas.
En un contexto económico incierto, los ministros recordaron que los servicios de control de la DGCCRF continuarán en 2020 para hacer que el cumplimiento de la ley EGalim sea una de sus áreas de trabajo prioritarias, en particular: con respecto a las contrapartes con las cuales los distribuidores satisfacen sus solicitudes de deflación arancelaria, la repercusión de las variaciones en el precio de ciertas materias primas, la consideración de los compromisos cualitativos de los proveedores y las prácticas de los organismos centrales de compra, particularmente los internacionales.
Las negociaciones que comenzarán a fines de 2020 se beneficiarán de una nueva herramienta con las pautas relacionadas con la implementación de tres indicadores que la ley EGalim prevé tener en cuenta en los contratos relacionados con productos agrícolas y alimenticios, y que acaba de ser publicada por la DGCCRF. Ayudará a los profesionales a mejorar la efectividad de una mejor distribución del valor consagrado en la ley.
Además, los ministros recordaron la importancia de la mediación y anunciaron la movilización del CEPC para identificar las acciones que se llevarán a cabo en el marco de la negociación de contratos relacionados con etiquetas privadas.
Finalmente, pidieron a todos los interesados que presenten nuevas iniciativas de creación de valor en torno, por ejemplo, al desarrollo de circuitos cortos, la trazabilidad de los productos o la evolución del etiquetado para mejorar la información para los consumidores.
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