Indignados por la "culpabilización generalizada del sector agrario"

"Vivimos momentos duros y complejos, marcados por una pandemia mundial, con consecuencias a nivel humano y económico que nos han llevado a unos límites que no podíamos haber imaginado hace unos meses. Desde JARC, fuimos muy conscientes desde el primer momento, de que éramos un sector esencial y teníamos que continuar produciendo alimentos", explica Jaume Domènech, jefe sectorial laboral de JARC.

"Para nosotros, y así lo comunicamos públicamente, lo más importante era proteger la salud de las plantillas fijas y temporales, y la de los titulares de las explotaciones. Por eso defendimos que se tenía que contratar solo a las personas con las cuales se trabajaba habitualmente. Nuestra voluntad era evitar provocar el “efecto llamada” de temporeros provenientes otras comunidades. La contratación se tenía que hacer de forma ordenada y había que controlar que nadie se desplazara si no tenía un precontrato de trabajo al lugar de destino.

El Convenio Agropecuario de Cataluña, que estamos seguros de que la gran mayoría de empresarios cumple, establece que los titulares tienen que dar alojamiento en los trabajadores que tienen su domicilio habitual en un radio superior a 75 km de la explotación agraria. Un coste que, por cierto, no tienen que asumir la mayoría de sectores. También velamos porque se cumplan las normas y recomendaciones sanitarias fijadas con relación a la pandemia, y proporcionen los EPI y el material de protección necesario. No olvidemos sin embargo que hace falta que se trabaje para que el precio que se paga a los productores agrarios sea adecuado para poder asumir todos estos gastos añadidos.

Son momentos muy difíciles en el ámbito laboral también. El confinamiento y el cese de todas las actividades no esenciales ha provocado un gran aumento del paro, y muchos hombres y mujeres se han desplazado allá donde se suponía que había demanda de mano de obra. Estas personas que se agrupan o duermen en las calles de Lleida no son necesariamente temporeros de la campaña de fruta. De hecho, son gente que busca trabajo, pero evitar que vivan en la calle no está en nuestras manos, no es responsabilidad de los productores agrarios. 

Esta es una problemática social recurrente que este año todavía nos preocupa más porque implica un grave riesgo sanitario para ellas mismas y para el resto de población. Desde JARC, instamos a las administraciones a actuar con medidas efectivas para evitar aglomeraciones en los espacios públicos. Realizar pruebas para detectar Covid-19 a estas personas no nos parece una medida eficaz, si no se acompaña de recursos para que tengan un techo. 

Muchos de ellos provienen de países de fuera de la UE y su situación legal no está regularizada. El proceso para obtener el permiso de residencia dura como mínimo tres años. Durante este tiempo es obvio que tienen que sobrevivir. Esta política los deja en una situación de vulnerabilidad, y son los políticos que pueden y tienen que solucionar este problema. Muchos de los que ahora forman las plantillas fijas de las empresas catalanas han pasado por este largo proceso. Son inmigrantes que han ayudado a levantar nuestras empresas cuando los trabajadores autóctonos decidieron trabajar en otros ámbitos laborales. 

En todos los sectores hay de todo. No hay ninguno que pueda decir que el cien por cien de su colectivo hace las cosas bien, por eso nos indigna que en determinadas situaciones se culpabilice de forma generalizada todo el sector agrario", sentencia Domènech.