Desde hace tiempo, desde el SLG venimos denunciando el desmantelamiento de los servicios públicos para atender la profesión agraria, de competencia regional, desviándolos a la empresa pública estatal Tragsa, cuyos accionistas son el 99,8% de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y la propia administración estatal.
Así, las oficinas agrarias comarcales y, por extensión, la Consejería de Medio Rural, están sufriendo un desmantelamiento, tanto de los recursos materiales como humanos, y están perdiendo la capacidad de gestionar servicios que son competencia autónoma, como el control de áreas para ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) o saneamiento ganadero, a favor de la administración estatal.
Esto viene de viejo. La novedad es que, desde hace unos meses, en el SLG nos encontramos con que otro de los servicios que se están derivando desde la administración gallega a Tragsa es la gestión del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (Roma). De hecho, están recibiendo llamadas de trabajadores que se identifican como de Tragsa solicitando documentación relacionada con Roma que debe solicitarse directamente a la Xunta de Galicia. Además de evidenciar una nueva pérdida de competencias de la Consejería de Medio Rural y oficinas regionales de agricultura a favor de la empresa Tragsa, desde el SLG vemos una posible violación de la Ley de Protección de Datos (las personas registradas en Roma no han firmado ninguna transferencia de sus datos personal a favor de Tragsa). Todo se está haciendo desde un oscurantismo evidente, porque no sabemos quién ordenó el traslado de la gestión de Roma de la Consejería de Medio Rural a Tragsa y en qué condiciones se hizo lo mismo.
Desde el SLG denunciamos de nuevo el desmantelamiento de la red de oficinas regionales agrícolas que, si tuvieran el apoyo institucional suficiente, podrían encargarse de gestiones como el control de áreas de la PAC o, ahora, Roma, con un mayor acercamiento geográfico y personal a los usuarios y por tanto, de forma más eficaz.
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