LA UNIÓ de Llauradors lamenta la gran hipocresía que emplea una vez más la Comisión Europea en las respuestas que realiza, como es el caso de una reciente a las eurodiputadas socialistas españolas Inmaculada Rodríguez-Piñero y Clara Aguilera, acerca de la detección de plaguicidas en cítricos procedentes de Sudáfrica cuyo uso está prohibido por parte de los agricultores europeos, tal y como ya denunció esta organización mediante pruebas analíticas.
La Comisión Europea lanza balones fuera en su contestación e indica que los Estados miembros son los responsables de llevar a cabo los controles oficiales de los alimentos y piensos importados en la UE teniendo en cuenta criterios basados en el riesgo. Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, afirma que “las autoridades comunitarias dan una vez más pruebas de su cinismo y cuando algo les interesa lo controlan, pero cuando se trata de una cuestión conflictiva se lavan las manos y echan las culpas a otros, máxime cuando hablamos además de temas que le competen”.
LA UNIÓ señala que esto se solucionaría con la adopción de medidas urgentes y transparentes al respecto y en este sentido reclama agilidad a la Comisión Europea para la implantación, dentro de la estrategia “De la granja a la mesa”, de la reciprocidad de uso de los productos fitosanitarios y de las formas de producción para todos, no solo para los agricultores europeos. “Quienes acepten estas formas y estos usos como nosotros para entrar sus productos a Europa bien, y a los que no pues para atrás. No podemos ser siempre los paganos”, asevera Peris.
Peris afirma que “nos imponen desde la Unión Europea unas formas de producción con los estándares más estrictos a nivel mundial, todo con el objetivo de mejorar la seguridad de los consumidores y los aspectos ambientales, algo que no nos parece mal pero siempre que fuera igual para todos porque así estamos en una situación de competencia desleal y con un incremento de costes debido al uso desigual de productos fitosanitarios respecto a los de terceros países”.
LA UNIÓ también indica que, en lugar de evitar responsabilidades, la Comisión Europea debería aumentar los presupuestos para que los Estados miembros puedan elevar el volumen de inspecciones con controles periódicos de los productos importados. También que fueran más periódicas las auditorías a terceros países, pues la propia Comisión Europea reconoce que la última efectuada a Sudáfrica tuvo lugar en 2016 y la próxima no será ya hasta 2021.
Así, el secretario general de LA UNIÓ considera que “la Comisión Europea debería velar por los intereses de la ciudadanía y que yo sepa los agricultores y ganaderos seguimos formando parte de ésta. Tenemos continuos problemas para combatir las plagas ante la reducción paulatina de los productos fitosanitarios existentes, hacemos el esfuerzo de cultivar con costes cada vez más elevados por ello, no nos negamos a emplear pesticidas más sostenibles y seguros, apostar por las prácticas biológicas como método de lucha, pero no puede ser que todo recaiga a cuenta nuestra”.
LA UNIÓ confía en que las buenas palabras de la Comisión Europea sobre el hecho de evaluar las solicitudes de tolerancias en la importación para sustancias plaguicidas que han dejado de estar aprobadas en la UE, no sea una vez más una declaración de intenciones y se convierta en una realidad.