La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) afirma que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, demuestra “no tener toda la información” por parte de la Consejería de Agricultura sobre la lucha contra la Xylella fastidiosa –a diferencia de la buena información que maneja en otras competencias de la administración autonómica– puesto que a la asociación le consta, tanto por el sector como por las auditorías de la Unión Europea (UE), que “la falta de dotación presupuestaria impide al Botànic aplicar en la práctica el protocolo de erradicación, lo que está favoreciendo que la bacteria se expanda más rápido que las talas y ponga en peligro el futuro del sector agrario valenciano”. Esta es una de las aclaraciones que AVA-ASAJA desea trasladar tras la reacción de la propia Mónica Oltra a las críticas formuladas por esta organización durante su balance del año agrario.
AVA-ASAJA asegura que la Consejería que dirige Mireia Mollà no cuenta con suficiente fondos para eliminar los árboles situados en un perímetro de 100 metros alrededor de cada positivo, como establece la legislación europea, sino que se ve obligada a dar prioridad al arranque de los almendros únicamente infectados, en segundo lugar a los campos abandonados y, ya en último término, al resto de la superficie damnificada. Sería como si a un enfermo, razona AVA-ASAJA, en lugar de aplicarle un tratamiento de choque, se le administrara un tratamiento light, con lo que se agravaría su estado y la curación se complicaría.
Tal como incida la vicepresidenta, el plan de erradicación de la Xylella está auditado por la UE. Lo que no dice es que su último informe de 2019 constata “una aplicación tardía y parcial de las medidas de erradicación”, con lo que “numerosas plantas que dieron positivo (…) todavía están presentes en una amplia área infectada con un alto potencial de infección”. La UE coincide con los testimonios recabados en que “no todas las plantas hospedadoras se eliminaron en el área de 100 metros alrededor de las plantas que dieron positivo, el resultado tras la tala preventiva no es en absoluto el deseado”.
Respecto a las afirmaciones de Oltra de que AVA-ASAJA forma parte de la Comisión de Seguimiento y de que está al día de las actuaciones, la asociación contesta que en la última reunión, en la que por cierto no se levantan actas, AVA-ASAJA solicitó que la Consejería pusiera una fecha para acabar la erradicación, una demanda a la que no se ha respondido todavía ni siquiera de forma aproximada. El hecho de formar parte de dicha comisión, prosigue AVA-ASAJA, “no significa que estemos de acuerdo o seamos cómplices de las decisiones tomadas de manera unilateral por las administraciones”.
En cuanto a las referencias de Oltra acerca del drama social que la Xylella está generando a las familias afectadas, AVA-ASAJA atribuye en gran parte ese sufrimiento a las mismas administraciones debido a la insuficiencia de los recursos económicos y humanos destinados. Por un lado, la cuantía de las indemnizaciones no cubren el valor real de las plantaciones arrancadas a causa de los límites presupuestarios impuestos. La Generalitat Valenciana tampoco ha sido capaz de proponer ni un plan para que los agricultores puedan continuar viviendo dignamente tras el arranque, ni un plan de reestructuración futura que dé viabilidad a sus explotaciones. Por último, los presupuestos de la Consejería para 2020 congelan en 700.000 euros la partida para replantación de parcelas afectadas que en 2019 no se gastó e incluso recortan a la mitad los fondos dedicados al arranque obligatorio por sanidad vegetal, de dos a un millón de euros.
AVA-ASAJA advierte a Oltra de que “ese drama social al que alude será infinitamente mayor si la Xylella continúa su expansión porque el problema ya no solo será de los agricultores afectados, sino de toda la agricultura valenciana, española y, a largo plazo, europea”. Según estimaciones de la Comisión Europea, las pérdidas económicas ocasionadas por la Xylella ascenderían a más de 5.500 millones de euros al año en caso de extenderse a todo el continente.
La organización agraria concluye que “estamos ante una emergencia fitosanitaria y la Generalitat Valenciana debe plantarse ante Madrid y Bruselas para lograr una financiación suficiente con la que, de verdad, erradicar esta enfermedad”.