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Bruselas autoriza tan sólo el 3% de las solicitudes de almacenamiento privado de aceite de oliva

El sector olivarero ha expresado su indignación ante la falta de apoyo por parte de la CE y la eurodiputada Clara Aguilera muestra su rechazo al "bajo nivel" de la ayuda establecido.
España - 03/12/2019
Crisis
Aceite de oliva.


El Comité de Gestión de Mercados de la Comisión Europea, en su reunión celebrada ayer en Bruselas, en la que participa el Ministerio de Agricultura, ha aprobado las ayudas para el almacenamiento privado de aceite de oliva a poco más de un 3% del total de las ofertas presentadas por los operadores del sector. 

Lo que pretendía ser, según comunicaba oficialmente el propio Ministerio de Agricultura hace escasas semanas, una solución para encontrar el reequilibrio del mercado consigue justo el efecto contrario. La Comisión no había establecido ni un volumen ni un presupuesto lo que generó esperanzas en el sector y los vendedores frenaron sus ventas ante la previsible recuperación de precios, pero la decisión lo único que va a provocar finalmente es un tremendo hundimiento de los precios en origen. 

La gran disposición mostrada por el sector productor para almacenar en esta primera licitación en torno a 120.000 toneladas de aceite de oliva, con las esperanzas puestas en que la ayuda percibida fuera lo suficientemente atractiva como para compensar la inmovilización del aceite durante un periodo de 6 meses, se ha ido al traste de un plumazo, al conocerse que finalmente tan solo 3.650 toneladas han sido aceptadas por haberse ofertado a un precio igual o inferior a 0,83 €/t./día. Una decisión que entendemos ofensiva para el sector que no ha visto defendido su liderazgo por el Ministerio español.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España el límite que ha fijado la Comisión Europea, muy inferior al establecido en licitaciones como la de 2009 o 2011 (1,3 €/t./día), no ha tenido en cuenta el grave perjuicio que iba a ocasionar a un sector que ya se encuentra enormemente debilitado tras la reciente imposición de un 25% de aranceles por parte de Estados Unidos, y que observa con perplejidad como su Gobierno no ha defendido enérgicamente el sector del olivar, que cuenta con un peso económico y social de dimensiones muy relevantes en España.

Ante esta situación, ya irreversible, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España convocaremos urgentemente a todas nuestras cooperativas con el fin de tomar decisiones en los próximos días como señal de protesta ante esta situación inadmisible.

El éxito de las próximas licitaciones se prevé más que improbable, debido a que el nivel de ayudas no compensa los costes que debe sufragar el operador por mantener inmovilizado el aceite, a lo que se une que el mercado lejos de recuperarse va a tener un comportamiento a la baja, lo que hará que pocos operadores decidan almacenar su producto ante unas expectativas de mercado especialmente pesimistas.

Asimismo, el representante del sector de aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Rafael Almirón, ha mostrado su desacuerdo con esta resolución al considerarla un auténtico engaño por parte de la Comisión Europea hacia olivareros y cooperativas, sector que sufre desde hace meses una profunda crisis de precios, además de la puntilla que han supuesto los aranceles de Estados Unidos a la exportación de aceite de oliva. 
“El sector fue claro y contundente en la demanda del almacenamiento privado. Esta licitación es una tomadura de pelo. No da respuesta ni siquiera mínimamente a la oferta ni está dotada de un presupuesto lo que resulta totalmente inviable para atender las necesidades reales del sector. Esto, incluso, puede ser contraproducente en el mercado”, resaltó Rafael Almirón. 
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada lamenta que la Comisión Europea no esté atendiendo las necesidades de los olivareros, y exige al Gobierno Español que pida explicaciones y defienda la activación de un almacenamiento privado eficaz. La Federación defiende los intereses de 50 cooperativas oleícolas. En Granada, tercera provincia productora a nivel nacional, más de 30.000 agricultores viven de este sector prioritario para la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico de muchos pueblos y comarcas.

De otro lado, el presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, ha asegurado que "ha sido un auténtico desastre, como se auguraba. Una respuesta decepcionante para un sector que está siendo muy castigado”,  además de indicar que el ministro no ha sabido “imponerse en Bruselas para que esta primera subasta sea un éxito y las siguientes sirvan para completar”, ha apuntado.

ASAJA Málaga considera que, visto el resultado, se deben redoblar los esfuerzos del  ministro por un producto tan importante en nuestra economía y dar soluciones: “El resultado es una verdadera catástrofe por ahora, aunque en próximas subastas se podrá mejorar, porque está claro que peor no puede haber ido. Y mientras tanto, en Bruselas no han tenido previsión de ningún tipo para responder a este escollo”, ha asegurado Bellido, y ha  lamentado que este resultado en el primer almacenamiento puede acarrear el efecto contrario.

Por su parte, la eurodiputada Clara Aguilera ha descrito esta propuesta como “un fracaso de la Comisión Europea, incapaz de respaldar a un sector que lleva meses sufriendo bajos precios y ahora sufre además la penalización de los aranceles establecidos por EEUU”,  y aunque considera que "todavía es pronto para hacer balance global, pues faltan aún tres licitaciones, una en diciembre, otra en febrero y la última en febrero, cuando concluya el proceso veremos si el mecanismo ha cumplido su objetivo de estabilizar y permitir la recuperación de los precios”, ha subrayado Aguilera. No obstante, ha dicho, “sí quiero manifestar mi rechazo a la ayuda establecida por la Comisión en 0.83 eur /tn, un nivel tan bajo que envía un pésimo mensaje al sector y al mercado”. Esta decisión, señala la eurodiputada, “demuestra muy poca sensibilidad con el aceite de oliva español”.
Ante esta situación, Aguilera ha hecho hincapié en que “llevaremos a cabo cuantas iniciativas y demandas sean necesarias para que la Comisión se tome en serio la gravedad de los  problemas que atraviesa el sector, especialmente en España”.



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