“Laventa a pérdidas es una práctica abusiva y engañosa que perjudica aagricultores y a consumidores, y debe estar prohibida y ser perseguida”. Así derotundos se han mostrado en la organización agraria UPA tras conocer elinforme, hecho público ayer, del Abogado General de la UE, HenrikSaugmandsgaard, que considera contraria al Derecho de la UE la legislaciónespañola que prohíbe las ventas a pérdidas.
Venderproductos por debajo del precio de compra es una práctica prohibida en Españapor la Ley de Comercio Minorista de 1996, que ha sido revisada y actualizada envarios momentos, el último en marzo de 2016. La Ley española prohíbe estapráctica dentro de la normativa que busca asegurar un buen funcionamiento de lacadena comercial, evitando prácticas engañosas, abusivas y de posición dedominio.
UPAha considerado este informe como “muy negativo” para los agricultores yganaderos españoles, que llevan años concienciando a los demás eslabones de lacadena de la necesidad de respetar a los productores en la cadena alimentaria,y pidiendo una aplicación correcta de esta prohibición, pues su aplicación hasido y es desigual en función de las distintas Comunidades Autónomas.
Losagricultores se han preguntado si habrá “intereses ocultos” detrás del informede la Abogacía general de la UE, que en su opinión “no representa a nadie”, yva en contra de las políticas de la Comisión Europea, de la postura delParlamento Europeo y de las demandas de toda la sociedad civil, destacando aproductores y consumidores.
“Nose puede consentir que un organismo europeo defienda a unos pocos frente a lamayoría, y fomente el abuso en la cadena comercial”, han señalado desde UPA.“No vamos a aceptar que ahora se pongan en entredicho los avances de losúltimos años en pos del reequilibrio de la cadena agroalimentaria en España yen toda Europa”, han concluido.
UPAha anunciado que pedirá al Parlamento Europeo que si la directiva de la UE–pendiente de revisión- no es lo suficientemente firme en su prohibición de laventa a pérdidas, se reforme para que quede claro el objetivo de luchar contraestos abusos.
LaDirectiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a lasprácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con losconsumidores en el mercado interior debería haberse revisado en 2011. UPAplantea la necesidad de que el Gobierno emprenda una acción proactiva paramodificar esta legislación e incluir dentro de las prácticas abusivas la ventaa pérdidas, en consonancia con el informe de la Task Force, el grupo de altonivel creado por la Comisión Europea para estudiar los problemas en la cadenaagroalimentaria.
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