Este jueves, el agricultor abderitano Francisco Ortiz Rodríguez sienta en el banquillo a la Delegación de Agricultura de Almería por provocar una grave situación de inseguridad alimentaria injustificada que le ha conllevado a Francisco una multa de 15.000 euros que ha tenido que pagar o “me embargaban la casa aún reconociendo que yo era inocente”.
Los hechos se remontan al año 2004 cuando una inspección de Agricultura paraliza en la alhóndiga La Unión una partida de pimientos con una sustancia prohibida, clorfenapir. Ésta, fue atribuida al denunciante sin ningún tipo de prueba, ya que la partida procedente del agricultor fue vendida y certificada ese mismo día. A raíz de esta circunstancia y según dicta la Ley, los pimientos con clorfenapir deben ser destruidos por contener una sustancia nociva para la salud y el medio ambiente, algo que fue vulnerado por el propio ex delegado de Agricultura, Juan Deus, que autorizó la venta de dicha partida.
“Ni La Unión, ni la Delegación de Agricultura tuvieron a bien corroborar que esa partida no era mía, sin embargo, yo he tenido que pagar una multa de 15.000 euros que me ha llevado al borde de la ruina. Juan Deus deberá responder ante la Justicia qué recibió por parte La Unión al dar la orden de una venta de un producto con sustancias altamente tóxicas y con conocimiento de ello”, señala Francisco.
Ortiz, que piensa ir hasta el final con esta causa y lleva 8 años luchando por su inocencia, recalca que los agricultores almerienses “cultivan con la máxima calidad y seguridad pero, sin embargo, hay comercializadoras que no tienen bastante con sus beneficios que traen productos de terceros países y los envasan aquí sin ningún tipo de control fitosanitario”. Del mismo modo, la autorización de la venta de esta partida “puso al borde de una catástrofe la buena imagen del sector agrario que tanto nos cuesta levantar a los agricultores”; por todo ello, “se a pedir responsabilidades políticas y jurídicas ante un hecho tan grave. Si esta gente es la que cuida de nuestra seguridad alimentaria algo hay que cambiar”.
Francisco Ortiz Rodríguez demostrará este jueves ante la Justicia, con documentación acreditada, que la partida inmovilizada no correspondía a su finca, por lo que solicitará que se le resarzan los daños que a lo largo de todo este tiempo ha sufrido su persona.