El mundo feliz de Monsanto

Ya veíamos en la anterior colaboración una reseña sobre los negocios “necrófilos” de la empresa estadounidense Monsanto, quien por su paso en la industria química ha dejado una estela de agravios ambientales y una controversia jurídica por el uso de sustancias verdaderamente peligrosas para el medio ambiente y en particular para la especie humana.

Ante todo esto, Monsanto ha ocupado fuertes sumas de capital para contrarrestar el lado oscuro de sus empresas, por ejemplo su paquete tecnológico que incluye semillas transgénicas y herbicida Roundup, lo presenta como una forma de minimizar las labores del suelo y reducir la erosión; que los cultivos con ese tipo de semilla no son simplemente fuentes de riqueza para Monsanto, sino que surgen para resolver el problema inexorable del hambre debido al crecimiento de la población; que la biotecnología no implica la reducción de todos los seres vivos a la categoría de mercancías para ser vendidas y compradas en el mercado a través de su patente, sino que es el heraldo de la “desmercantilización”, al sustituir los productos únicos elaborados en serie, por un amplio surtido de productos hechos a la medida y muy específicos.

Monsanto y otras compañías biotecnológicas, amenazan con la destrucción aún mayor de las relaciones sociales y de la posesión tradicional de la tierra. Lo han vaticinado un gran número de organizaciones mundiales, constituyéndose en feroces detractores de Monsanto y su biotecnología, argumentando que esta posición no es necesariamente rechazar la tecnología per se, sino reemplazar a aquella que manipula, controla y beneficia a unos pocos, por otra ecológica y socialmente sustentable, diseñada para respetar los equilibrios de la naturaleza, mejorando la calidad de vida, respetando a las comunidades que viven de la tierra y privilegiar el desarrollo a escala humana.

La corrupción es un elemento asociado a la penetración comercial de esta empresa, ya en un periódico de circulación nacional, existe registro de su paso por Indonesia, donde distribuyó 700 mil dólares a 140 funcionarios del gobierno con el fin de inducirlos a permitir la difusión de cultivos transgénicos. En otro caso, se evita el requisito de estudios de impacto ambiental por parte de la Semarnat. También en México, no ha quedo aún claro, por ejemplo, cómo resolvieron las cámaras de Diputados y Senadores la aprobación de la Ley de Bioseguridad, conocida también como Ley Monsanto, existiendo tantas observaciones y una amplia oposición a esa ley.

Sin olvidar las denuncias que sobre la Sagarpa existen, por su flexibilización normativa con esta transnacional, en su experimentación y permisibilidad para la siembra de maíz transgénico (soya y algodón, principalmente), a pesar la las prohibiciones emitidas, por ejemplo, por la Conabio, quien ha establecido que todo México es centro de origen y diversificación del maíz. En contraposición a lo señalado por el presidente de Monsanto-México, José Manuel Madero, en el contexto del anuncio del plan corporativo de la empresa que buscaría “salvar a México” de sus déficit de maíz y algodón y transformarlo en exportador neto, mediante su tecnología de transgénicos.

México firmó en años anteriores un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para burlar los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad Internacional y promover que sigan entrando en territorio mexicano granos contaminados con transgénicos, librando de responsabilidad a empresas y países que los producen.

Se señala, que el acuerdo fue signado desde el 2004 por Víctor Villalobos, de la Sagarpa; J. B. Penn, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y Andrew Marsland, del Ministerio de Agricultura y Agroalimentos de Canadá.

Se observa que la Secretaría de Agricultura ha venido apoyando con subsidios el cultivo de transgénicos y promover las importaciones de este maíz, que compite deslealmente con los productores mexicanos y contamina sus cultivos.

Según fuentes oficiales, hay ensayos de producción transgénica en México desde 1982, otorgando 151 permisos a las empresas y otras instituciones para el cultivo de transgénicos en 16 estados del país (50 por ciento de las entidades del país), en grandes extensiones de tierra de buena calidad, de las cuales más del 90 por ciento de ellas corresponden a la empresa transnacional Monsanto y principalmente para el cultivo de maíz, algodón y soya transgénicos.

En el caso del maíz, el científico Antonio Turrent Fernández, ha escrito que en México se tiene un plan para la siembra de un millón de hectáreas de maíz transgénico a corto plazo en el norte del país, “donde no se siembra actualmente debido a las plagas y falta de agua”; esta nueva superficie se sumará a dos millones de hectáreas en maíz ya tecnificadas con híbridos. En este contexto el propio Turrent asegura que el gobierno mexicano ha permitido que la información técnica de las fases experimental y piloto a que se refiere el director de Monsanto-México sea manejada como secreto corporativo. Los resultados experimentales y piloto no han sido expuestos al cotejo científico independiente, mientras el acceso a las parcelas experimentales y piloto fue ampliamente restringido en su momento. La comunidad científica independiente tampoco tuvo oportunidad de opinar sobre la suficiencia de resultados que justificaran el paso expreso de la fase experimental a la piloto y ahora a la comercial. La pregunta al gobierno mexicano sería si el manejo oculto de la información era necesario para los intereses de la nación o, ¿para quién lo era?

Los estados con mayor presencia de cultivos transgénicos en México, con la presencia esencialmente de Monsanto, son al menos en: Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Durango Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Nayarit. 

Mientras en México se aumenta la superficie cultivada con organismos transgénicos, en otros países y Europa principalmente se incrementa la polémica y la preocupación en torno a la liberación de este tipo de productos al ambiente. En lo que va del año, Francia, Austria, Reino Unido, Alemania, Noruega, Grecia, India, Canadá y Brasil han tomado medidas para prohibir las importaciones y siembra de transgénicos, sobre todo a la luz de nuevas evidencias que muestran los riesgos de esta tecnología.