Colombia 24/02/2012
1. El Banco Agrario otorga CRÉDITOS y NO SUBSIDIOS como lo han señalado algunos medios de comunicación.
2. La línea de crédito otorgada por el Banco Agrario no fue exclusiva para la floricultura, sino para todos los sectores exportadores netos intensivos en mano de obra, seriamente afectados por la revaluación. Entre estos sectores se destacan los productores de banano, plátano, hierbas aromáticas, camarones y flores.
3. Para acceder a los créditos, el Gobierno publicó un reglamento muy detallado y preciso.
4. De los $ 224 mil millones en créditos otorgados sector floricultor, sólo un número reducido de empresas no ha cumplido con los pagos previstos.
5. Algunas de las empresas que recibieron créditos, posteriormente fueron aceptadas en la Ley 1116, esquema establecido por el Gobierno para salvar las empresas y los empleos generados por estas, y en tales casos, el Banco Agrario votó a favor del ingreso de estas empresas a la mencionada Ley, y firmó el acuerdo respectivo.
6. Los créditos se otorgaron en su mayoría a 7 años de plazo, o sea que su vencimiento se cumplirá solo hasta los años 2015 y 2016. Por lo tanto, no se puede decir que toda la cartera está vencida o perdida, cuando la mayoría está atendiendo los créditos adecuadamente y falta casi la mitad del plazo.
7. El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, es un esquema establecido por el Gobierno hace muchos años para facilitar que las empresas agropecuarias de cualquier tamaño accedan a las diferentes modalidades de créditos. Un número importante de empresas, de todos los tamaños, han utilizado este mecanismo en el pasado. La utilización del FAG por parte de los floricultores, tiene un costo del 4.5% mensual, una cifra onerosa desde todo punto de vista.
8. Simultáneamente con esta línea de crédito para exportadores, el Gobierno alimentó el FAG con $ 150 mil millones, previendo un eventual desempeño negativo en las empresas de los sectores exportadores agropecuarios, dada su situación.
9. Cuando se aprobó la línea de crédito y se otorgaron los créditos individuales, era difícil prever lo que iba a suceder en los años siguientes. No se preveía la crisis inmobiliaria del 2009 en los Estados Unidos (principal mercado de las flores), la crisis fiscal en Europa, la profundización de la revaluación, ni mucho menos la severidad del cambio climático. Si bien algunas empresas floricultoras entraron recientemente en graves dificultades y están en proceso de liquidación o se acogieron a la Ley 116, definitivamente hace tres años no se podía prever este contexto, y no se puede alegar mala fe.
10. Esta línea de crédito del Banco Agrario, les ha permitido a muchas empresas salir adelante y mantener el empleo formal que ofrece la floricultura en 48 municipios del país, que era su principal fin. De otra forma, muchas de ellas ya habrían cerrado.
11. En relación con los aportes a la campaña de Andrés Felipe Arias, estos se realizaron en el 2009 cuando ya los créditos se habían otorgado, y la proporcionalidad de tales aportes, entre $ 500.000 y $ 5.000.0000, es mínima frente al volumen de los créditos: $ 224 mil millones.
12. Los aportes fueron realizados por personas naturales dentro del marco de la legislación vigente, y en un momento en que el único candidato que enarbolaba las banderas de la seguridad democrática era Andrés Felipe Arias, y no habían entrado en escena personas como Nohemí Sanín, Juan Manuel Santos o Rafael Pardo, para mencionar algunos candidatos.
13. Es importante precisar que ninguno de los representantes de las empresas del sector floricultor ha sido llamado a audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación ni han sido llamados a indagatoria. Según los medios, han sido llamados a entrevista.
14. Finalmente, desde que empezaron las denuncias, gran parte de la información ha sido generalizada y tomada fuera de contexto, causando daño irreparable a la imagen del sector. El gremio floricultor pide que se precisen las acusaciones y apoya todo el proceso investigativo que se requiera para esclarecer esta situación y castigar a quienes hayan actuado en forma ilegal y de mala fe. Pese a que solo se trata de entrevistas y no de la vinculación a un proceso o la decisión definitiva de un juez, la información incompleta o imprecisa, lesiona el buen nombre del sector, hecho que ha sido capitalizado por países competidores de Colombia en este campo.