Convenio que desprotege semillas chilenas

Definitivamente no estamos comiendo ni lentejas, ni garbanzos chilenos.

Se podría decir que la actual producción de alimentos provenientes de semillas originarias ya no existe.

¿Y por qué razón? Porque en la actualidad, y frente a los procesos de certificación, hace mucho tiempo que los productores agrícolas nacionales, están obligados a utilizar semillas certificadas, las que provienen del extranjero.

Al extenso listado se agregan el arroz y el trigo. El único que se estaría salvando hasta ahora es el poroto, según explica Francisca Rodríguez, directora Nacional de la Coordinadora que desde hace 5 años impulsa la campaña para defender las semillas chilenas originales.

En ese marco, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e indígenas Anamuri, realizó una serie de exposiciones ante ambas cámaras del Congreso, para evitar que Chile ratificara el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV y la modificación hecha en 1991.

Ese convenio fue finalmente ratificado el pasado 11 de mayo por el Senado, lo que pasó desapercibido para la opinión pública, debido al debate nacional que provocó la aprobación del proyecto Hidroaysén.

Es lo que dejó a las organizaciones de agricultores nacionales, según Francisca Rodríguez, en la mayor indefensión y con los argumentos agotados, tras permanecer durante más de 5 años, en la campaña de defensa de las semillas chilenas.

¿QUÉ ES LA UPOV?

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización respaldada por los gobiernos de los países que la adhieren, pero que según señalan los agricultores es propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas.

Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer.

Dichas empresas se estarían beneficiando de las ventas de semillas y plaguicidas, a costa de la destrucción de la agricultura campesina, indica Rodríguez.

INIA Y SAG

Horacio Bórquez, director del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, explicó que de ninguna manera se está perjudicando a las semillas originales, y que el convenio tiene que ver con las que ya están inscritas.

“Chile tiene una visión de modernidad de sus sistemas, y por lo tanto adhiere porque es un convenio internacional que permite ponernos al día con la mayoría de los países, socios comerciales que están adscritos al convenio”, afirma la autoridad.

-¿Qué pasa con el Convenio 169 de Derechos de los Pueblos Indígenas de la OIT, y la protección de las semillas originales?

-Esto no tiene que ver con eso, y se refiere a las semillas registradas. Si hay semillas que no están inscritas, alguien tendrá que hacerlo. Las no inscritas son de todo el país. No hay una alteración a lo que siempre ha habido. Y en ese caso es el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, INIA, el que debiera hacer la inscripción.

Según advierte Francisca Rodríguez -quien representa además a las organizaciones Ranquil, Los productores orgánicos, Rapal, La alianza por una mejor calidad de vida, Grain, Olca, Terram, y Chile sustentable- INIA se ha convertido en un cautivador de semillas, porque no está realizando verdadera investigación.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Justamente en base a este argumento, los senadores Alejandro Navarro (MAS), Ximena Rincón (DC) y Jaime Quintana (PPD), anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la aprobación de la ley que ratificó el Convenio.

El senador Quintana, en declaraciones a Radio Cooperativa.cl, cuestionó que no haya habido un proceso de consulta a las comunidades mapuches antes de haber sido sometido el proyecto a votación, pues afecta sus tradiciones agrícolas. Además, el parlamentario PPD criticó el hecho que Chile siga agregando compromisos a lo suscrito en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.