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Cruzada contra la nueva PAC

Xunta y agriculturores rechazan la reforma de la Política Agraria Común por el recorte de ayudas y los criterios en su reparto

ESPAÑA 03/11/2011



Recogida de patata // Iñaki Osorio
La rebaja en el presupuesto destinado a las ayudas a cada país no es el único punto de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) que rechazan los agricultores de toda Europa. También enfada a los gobiernos. En Galicia sindicatos, organizaciones e instituciones dicen ´no´ a un proyecto que pone en peligro la supervivencia del sector agrario porque favorece a los ''agricultores de sofá'', propone ''dudosas'' y ''costosas'' medidas ecológicas, amenaza con empeorar la calidad del producto y no regula los mercados.

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020, presentada este mes por la Comisión Europea de Agricultura, disgusta a todo el mundo: colectivos de agricultores, organizaciones agrarias, grupos ecologistas, plataformas rurales, sindicatos y gobiernos centrales y autonómicos de todos los colores políticos. España protesta porque sus regiones se sienten perjudicadas. El rechazo a esta reforma ha unido a casi todos los sectores –CCOO y UGT reprocharon al Ejecutivo que los mantuvieran al margen de las negociaciones– hasta el punto de que el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas acordaron pedir formalmente la retirada de la reforma en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea; incluso su bloqueo, en sintonía con Francia y Alemania, que también se sienten perjudicados.

El recorte presupuestario del sobre de ayudas (más de un 11%, con una bajada de 7.200 millones de euros hasta algo más de 5.000), los criterios en el reparto (en función de una tasa plana igual para todos por hectárea en las explotaciones, al margen de sectores y rendimientos), la falta de la regulación de un mercado que ponga fin a la inestabilidad de los precios y una dudosa política de medidas medioambientales, son los principales aspectos del proyecto de política agraria puesto en entredicho. Se alerta también del peligro al que se exponen los modelos de explotación familiar y del amenazador descenso del número de agricultores.

Todos los grupos afectados entienden que la reforma de la PAC es muy negativa para la agricultura española, en particular, y la agricultura competitiva, en general. Desde Galicia, las partes se echan las manos a la cabeza porque ''se reducen las ayudas para quienes viven del campo''.

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, manifiesta su rechazo de forma tajante: ''Es nociva y peligrosa''. Sin embargo en Luxemburgo no solicitó la retirada de la reforma. Solo se hizo eco de la postura de las comunidades para reclamar ''cambios sustanciales'' por la rigidez y complejidad de una reforma con la que la mayoría de los países de la UE no está de acuerdo. ''La PAC no sirve para garantizar la seguridad alimentaria, un reto principal de la comunidad internacional'', denunció.

Galicia, como el resto de autonomías, no se queda al margen. Algunas han cuestionado el escaso peso de España en la defensa de los intereses del sector, pero todas coinciden al advertir de que la PAC atenta contra sus modelos productivos, ataca la producción de alimentos, introduce más burocracia y otorga una relevancia innecesaria al reverdecimiento.

El Consello Agrario Galego congregó el miércoles de la semana pasada a la Xunta y a las tres organizaciones sindicales –Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego Galego– para analizar las propuestas de reglamentos presentadas por la UE y dejar claro el rechazo gallego. El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, sostiene que ''lo que más conviene al futuro de la agricultura y la ganadería gallegas'', en relación con la reforma de la PAC es ''regular los mercados y mantener las ayudas''. ''Ahora los mercados presentan muchos problemas para que los productores puedan repercutir en los bandazos que están teniendo los costes de producción'', apunta Juárez.

Unións Agrarias considera que la reforma obliga a las comunidades a modificar sus explotaciones para adaptarlas a las exigencias europeas y que Galicia ''tiene las de perder'' por haber visto reducidas en 2011 las hectáreas de superficie. Xóvenes Agricultores demanda una reforma ''más fuerte y real respecto a la producción de alimentos'' y pronostica que en Galicia será el sector lácteo el más perjudicado. El Sindicato Labrego Galego, por su parte, critica que las nuevas políticas agrarias ''profundizan más en la liberalización comercial y en la privatización de los servicios'', mientras la Coordinadora Europea da Vía Campesina cree que beneficiará a ''las grandes superficies''.


 

 



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