Ley agrícola de EE.UU.

El plazo se agota para que las negociaciones sobre la legislación agrícola 2012 en los EE.UU. empiecen a caminar en firme. El debate interno sobre el proyecto de ley ha presionado a los legisladores hacia una línea de tiempo inusualmente estricta que requiere el compromiso de diversos grupos de interés del sector agrícola.
Algunos observadores han especulado sobre un posible proceso de aprobación de una ley agrícola que usualmente dura un año, y que podría completarse en dos semanas.

La velocidad de este proceso fue determinada por el plazo límite del 23 de noviembre que tiene el Comité Selecto Conjunto sobre Reducción del Déficit, mejor conocido como el “Súper Comité”, para recomendar recortes en los gastos federales del orden de US$ 1.5 billones de dólares en los próximos 10 años. Si el Comité falla en hacer dichas recomendaciones en la fecha establecida, serán desplegadas medidas durante el mismo lapso por US$ 1.2 billones en recortes automáticos en todas las líneas, con las excepciones en nutrición y programas de conservación.

Los resultados de las negociaciones, realizadas a puerta cerrada, darán lugar a una votación el 23 de diciembre en ambas cámaras del Congreso estadounidense.

En una carta enviada la semana pasada al Comité, los presidentes de los Comités Agrícolas de la Cámara y el Senado, responsables de determinar el gasto en agricultura, resaltaron un plan para reducir el gasto agrícola de US$ 23.000 millones en el periodo legislativo de 5 años. En contraste, la administración del presidente Barack Obama ha propuesto ahorros por US$ 33.000 millones.

Para que los comités agrícolas del Congreso jueguen su rol usual en determinar la política agrícola del país, las recomendaciones deberán ser enviadas al “Súper Comité”. Cualquier paquete de medidas que se ponga sobre la mesa, deberá ser aceptado o rechazado en su totalidad, dejando poco espacio para modificaciones y debates. Los presidentes del Comité de Agricultura esperan entregar una propuesta al Súper Comité antes del 1 de noviembre.

Muchas ideas compiten

Un artículo reciente del Servicio de Investigación del Congreso, un brazo institucional que provee al Congreso de análisis político y legal, describió 10 propuestas de los legisladores y grupos de interés agrícola en cómo cambiar el gasto. En las dos semanas después de la divulgación del artículo, muchos otros grupos de interés han introducido propuestas adicionales.

La conservación ambiental y los programas de nutrición al parecer se enfrentarán a una mínima reconfiguración de su gasto. Por el contrario, los legisladores se han enfocado en el programa anual “red de seguridad agrícola”, o en programas que sostienen bienes de consumo (los llamados commodities), los cuales ayudan a los agricultores en administrar el riesgo a través de seguros y proveen asistencia en caso de desastres naturales no cubiertos por las aseguradoras.

Los pagos directos, que son vistos con buenos ojos por algunos economistas por minimizar las distorsiones al comercio en el sector agrícola, punto descrito por muchos como el elemento político más controversial, están evidentemente en el bloque de recortes. Adicionalmente, se está trabajando en la revisión de recortes de esquemas de seguros.

El presidente de Cámara de Representantes, Frank Lucas, predijo US$ 6.000 millones en recortes de medidas de conservación, US$ 4.000 millones en recortes a los programas de nutrición, y US$ 15.000 millones en recortes a programas de commodities a lo largo del periodo de 10 años considerado por el Súper Comité.

El economista agrícola Daniel de la Torre, de la Universidad de Tennessee, en diálogo con Bridges, afirmó que la competencia de propuestas impulsadas por los diferentes grupos de interés es típica del proceso del proyecto de ley agrícola. Sin embargo, la toma de decisiones está en manos del Súper Comité.

“Si alguien te dice que sabe lo que está sucediendo, no se lo crea”, enfatizó Mark Muller, investigador del Instituto para la Agricultura y Política Comercial, con base en Minneapolis. La precaución sobre la reciente agitación en las propuestas del proyecto de ley agrícola fue, en parte, debido a la falta de transparencia en el proceso del proyecto de ley agrícola.

Etanol

En años recientes los elevados precios han hecho que los efectos distorsionantes del comercio de la política agrícola de los EE.UU sean menos relevantes, incluyendo las propuestas sobre la mesa en el proyecto de ley agrícola actual, según indican algunos expertos.

Sobre la relación de las conversaciones comerciales en la Ronda Doha de la OMC y el debate del proyecto de ley agrícola de los EE.UU., de la Torre afirmó, que durante un largo tiempo “la OMC se ha enfocado en un aspecto que no tiene el impacto que ellos quieren creer que tiene”. En una coyuntura de precios elevados, la producción agrícola no está de hecho ligada a los pagos directos del gobierno, apuntó.

El profesor John Paarlberg del Wellesley College, señala que la debilidad del vínculo entre subsidios agrícolas del gobierno y producción, o su desligue, y los elevados precios han “diseminado significativamente los efectos distorsionantes de los EE.UU sobre el comercio.”

Los negociadores en Ginebra “deberían realmente enfocarse” en el proyecto de ley agrícola de los EE.UU., opinó de la Torre. Y agregó, que no hay nada que pueda hacer o romper un acuerdo comercial dentro del proyecto de ley, mientras que la eliminación de los aranceles que EE.UU. aplica a las importaciones de etanol y el descuento de impuestos es quizás un tema más importante.

Un debate este verano sobre los subsidios al etanol, y de su renovación a final de año, ha despertado el interés de muchos analistas. Mantener dichos pagos parece ser cuestionable en la actual situación presupuestaria de los EE.UU, un elemento más que suma incertidumbre a la actual coyuntura.

Traducción del CINPE y ICTSD. “Farm Bill Talks Push Forward at Breakneck Pace”, Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 15, No. 36, 26 de octubre de 2011.