Urgencia para una mayor protección de las zonas rurales

Desde hace varios años se ha acrecentado, cuantitativa y cualitativamente, la comisión de hurtos y robos en el medio rural, pero en los últimos meses la situación está alcanzando una intensidad y una gravedad hasta ahora desconocidas. La gran alarma social que esto está provocando entre los habitantes de las zonas rurales y el quebranto económico, en algunos casos irreversible, que ocasiona en las explotaciones agrícolas y ganaderas, hacen necesario el endurecimiento de las sanciones contempladas en el Código Penal tanto para el ladrón como para el comprador de los efectos robados.

De las tradicionales sustracciones de productos agrícolas y de cosechas se ha pasado a prácticas delictivas consistentes en asaltar fincas cercadas, casas de campo, y apoderarse de cables de cobre, tuberías y motores de riego, transformadores, equipos halógenos, maquinaria agrícola de toda índole –pesada y no pesada-, gasóleo y todo tipo de enseres que se hallan en las explotaciones agrarias.

Este verano, los ladrones se han cebado con la cosecha de mango, un producto que se vende a buen precio en el mercado negro, y con los sistemas de regadíos. Y los olivareros de Málaga, ahora que ha comenzado la campaña de la aceituna, temen que se sucedan los robos nuevamente como en años anteriores. Las constantes denuncias que los agricultores y ganaderos están notificando en las oficinas de Asaja Málaga ha llevado a sus representantes a solicitar, una vez más, una reunión con el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, para pedir una protección real para el campo malagueño.

Asimismo, Asaja Málaga ha hecho hincapié en la necesidad de ejercer un mayor control administrativo y policial de quienes compran los objetos o efectos sustraídos, incidiendo en la persecución penal de estos sujetos y empresas, que cometen el delito de receptación. En definitiva, si se roban productos de las explotaciones agrarias es porque hay alguien que los compra.

Hay que tener en cuenta que, además de los importantes perjuicios económicos que tales conductas suponen, ya que en muchos casos imposibilitan el desarrollo normal de las labores agrícolas habituales, se está generando una enorme sensación de inseguridad e indefensión en el campo.

Desde Asaja Málaga consideramos necesario un endurecimiento del régimen punitivo establecido en el Código Penal respecto de estas sustracciones efectuadas en el campo. Se perdió una gran ocasión para hacerlo el pasado mes de junio, cuando se aprobó la última reforma del Código Penal, donde Asaja Nacional planteó la posibilidad de considerar como delito de hurto las sustracciones de productos o bienes en explotaciones agrícolas o ganaderas, cuando el valor de los mismos exceda de 100 euros en lugar de 400, como sucede actualmente. La sanción al delincuente como autor de una simple falta de hurto es, a todas luces, insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que, dado el bajo precio de los productos agrarios, para superar los 400 euros la apropiación ha de ser muy cuantiosa.

Ahora bien, resulta absolutamente necesaria la adopción urgente de otras medidas para combatir la escalada de hurtos y robos en el campo, como una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas rurales afectadas, con planes específicos de investigación y prevención de este tipo de delitos.

Como de momento estas dotaciones resultan insuficientes, Asaja Málaga ha pedido al subdelegado autorización para que los agricultores y ganaderos malagueños establezcan sus propios servicios de vigilancia privada.

Al finalizar la reunión, Carlos Blázquez, secretario general de la asociación, ha agradecido a la Subdelegación del Gobierno que atienda una de las peticiones que reiteradamente ha solicitado Asaja. Así, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) apoyará al resto de cuerpos en la vigilancia contra los robos, al menos, durante estos meses en los que la actividad en el campo malagueño es incesante.