Ante la insistencia del Gobierno de mantener en vigencia el Decreto Supremo 29480, que establece la prohibición temporal para la exportación de aceite, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, afirma que con esta medida se empezaron a perder mercados en el exterior, ya que los compradores optaron por buscar otras opciones.
“Las industrias aceiteras empiezan a incumplir con sus obligaciones, hace más de 20 días se pararon las exportaciones y los compradores en el extranjero han expresado su disconformidad con el trato que Bolivia les está dando como clientes. Esto afecta la relación a futuro en las ventas y en todo lo que significa la cadena oleaginosa”, advierte.
Después de la aprobación del decreto que prohíbe la exportación de aceites comestibles (crudos y refinados) de soya y girasol, el presidente del Perú, Alan García, fue el primero en expresar su preocupación por un posible desabastecimiento del producto que compra de Bolivia.
Otra de las consecuencias a futuro, asegura Sánchez, es el riesgo de que las empresas aceiteras se vean en la necesidad de despedir a su personal, debido a que esas industrias no pueden vender su producción. “De no reactivarse las exportaciones, las fábricas verán lo conveniente para no colapsar y terminar en quiebra”, sostiene el industrial.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Industrias dice que pese a que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) asegura que el aceite estatal es de buena calidad, este producto se distribuye a granel en envases que no son asépticos ni de primer uso, por lo que el producto queda expuesto y con riesgo de contaminarse.
