El Gobierno Vasco elaborará unas nuevas Directrices Territoriales incluso antes de aprobar el PTS Agroforestal
El decreto aprobado propicia la actualización de este órgano y el establecimiento de su régimen de funcionamiento, para afrontar con eficacia ese proceso anunciado recientemente por la consejera.
El Consejo de Gobierno aprobó recientemente la actualización del Consejo Asesor de Política Territorial, órgano de participación que garantiza la necesaria coordinación de la política territorial del Gobierno y la implicación social en la Ordenación del Territorio de la CAPV, para abordar el proceso participativo abierto de cara a redefinir el actual modelo de ordenación territorial. El decreto aprobado propicia la actualización de este órgano y el establecimiento de su régimen de funcionamiento, para afrontar con eficacia ese proceso anunciado recientemente por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Un proceso que tiene como objetivo superar las actuales Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) para avanzar hacia una Nueva Estrategia del Territorio (NET) que incorpore a la planificación territorial conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático, movilidad, accesibilidad, paisaje, red, reciclado del territorio o desarrollo de espacios para la economía creativa, etc.
Paradójicamente, este anuncio de una nueva regulación territorial llega aún no habiendo finalizado con el anterior proceso integrado en las DOT y es por ello que, a la vista de la progresiva e imparable perdida de alto valor agrológico en Euskadi, desde la organización agraria ENBA queremos dejar patente que observamos con un cierto pesimismo el inicio de este nuevo proceso de reelaboración de unas nuevas DOT cuando, actualmente, existen Planes sectoriales como el PTS Agroforestal que no han sido definitivamente aprobados y que por lo tanto, se verán totalmente desfasados antes de arrancar su andadura.
Finalmente, desde ENBA reclamamos a los gobernantes competentes que aprueben de una vez por todas el PTS agroforestal y que hagan cumplir a las instituciones afectadas (ayuntamientos y diputaciones) las directrices recogidas en las DOT sobre la construcción de vivienda nueva en Suelo No Urbanizable.