Los planes de la Junta de Andalucía no sólo incluyen legalizar el hotel convertido en símbolo de la destrucción de las costas. La aprobación del nuevo texto supondría la urbanización de otras 200 hectáreas dentro del parque natural en núcleos como La Isleta del Moro, Agua Amarga, Rodalquilar o San José.
Ante estos hechos, Greenpeace ha recordado al Presidente Chaves que en reiteradas ocasiones él mismo ha afirmado que se iba a demoler el hotel, declaraciones recogidas por muchos medios de comunicación. El Director de Greenpeace, Juan López de Uralde, con quien Chaves se comprometió verbalmente a “hacer todo lo posible para demoler el hotel” el pasado mes de julio, ha pedido al jefe del Ejecutivo andaluz que tire el hotel antes de las elecciones andaluzas del próximo 9 de marzo.
“La Junta de Andalucía está intentando engañar a todos los ciudadanos diciendo una cosa y haciendo otra. El cambio de clasificación de los terrenos del Algarrobico terminará en la legalización del hotel a pesar de las declaraciones de Fuensanta Coves en sentido contrario” ha declarado María José Caballero, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. “El Presidente Chaves todavía está a tiempo de rectificar y anunciar la demolición del hotel antes de las elecciones si no quiere perder toda su credibilidad política” añadió Caballero.
Greenpeace ha recordado al Presidente de la Junta que presentó hace más de un año alegaciones al texto del nuevo PORN y que éstas no obtuvieron ninguna respuesta. Entre otros aspectos destacaban: la vulneración de los artículos 24 y 45 de la Constitución Española por la falta de legalidad y oportunidad jurídica y porque el texto propuesto no cumple con el fin de defender y restaurar el medio ambiente y proteger los recursos naturales. Igualmente el nuevo PORN vulnera la Directiva europea 92/43/CEE de Hábitats al no haberse sometido al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. El nuevo documento tampoco tiene en cuenta las recomendaciones y especificaciones que establece la Ley 28/1988 de Costas y además, es contradictorio e inoperante al prever la urbanización de 200 hectáreas consolidando un desarrollo urbanístico desmesurado e incompatible con la declaración del Cabo de Gata como Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Zona Ramsar, Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).