Proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
El Gobierno de España, a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en colaboración con 11 departamentos ministeriales más, ha aprobado el proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
El Gobierno de España, a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en colaboración con 11 departamentos ministeriales más, ha aprobado el proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, actualmente en tramitación parlamentaria, y cuyo objetivo es lograr el mantenimiento de la población rural y la mejora de sus condiciones de vida y rentas.
El texto destaca la importancia que tiene el medio rural en el conjunto del Estado, al representar al 90% de su territorio y a un tercio de sus ciudadanos, además de abarcar la práctica totalidad de los recursos naturales del país y una muy significativa parte de nuestro patrimonio cultural.
Con este proyecto, se propone incrementar y coordinar mejor la atención que las diversas administraciones públicas dispensan a las zonas rurales.
Además va a permitir establecer políticas de carácter horizontal en el medio rural en materias como educación, cultura, sanidad, vivienda, transporte, comunicación entre territorios y seguridad, para favorecer su desarrollo sostenible, fortaleciendo su cohesión territorial, económica y social. A su vez, va a garantizar que leyes como la de Dependencia o la de Igualdad sean aplicadas a todos los ciudadanos por igual con independencia del lugar donde residan.
El proyecto de Ley pone especial énfasis en el desarrollo de colectivos considerados prioritarios, propiciando la incorporación de activos rurales jóvenes que permitan el mantenimiento de la población, a la vez que fomenta la igualdad y la promoción de la mujer.
Todas las actuaciones que se vayan a realizar serán recogidas y coordinadas en un Programa de Desarrollo Rural Sostenible que tendrá carácter plurianual, y que será sometido a informe del Consejo para el Medio Rural, que integra a la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.