ESPAÑA 13/04/2007
Los Comités Especiales de Agricultura del mes de marzo, celebrados los días 20 y 26, han continuado el debate sobre la propuesta de reforma de la OCM de frutas y hortalizas y en concreto los Estados Miembros se han posicionado sobre los cuestionarios presentados por la Comisión Europea sobre normas de comercialización y gestión de crisis, entre otros aspectos.
Los principales países productores comunitarios: Italia, Grecia, Francia y España, con la excepción de Holanda, consideraron necesario la aprobación de un sistema de gestión de crisis en el marco de la OCM fuera de los programas operativos y que incluyera a los no afiliados a las organizaciones de productores, tal y como defendió España, y con financiación fuera de las organizaciones de productores, tal y como defendió Francia.
A esta posición se sumaron también los nuevos países del Este con una importante producción hortofrutícola como es el caso de Polonia y Chipre. Polonia destacó la insuficiencia del modelo propuesto a través de las organizaciones de productores ya que las mismas sólo agrupan al 35% de la producción comunitaria, por lo que reclamó ampliar su alcance.
Por el contrario, los países del norte como Finlandia, Suecia o Dinamarca, y aquellos con escasa producción de frutas y hortalizas como Reino Unido y Austria apoyaron la posición de la Comisión Europea incluida en la propuesta de OCM de incluir las medidas de gestión de crisis dentro de los programas operativos. Alemania, también defendió un sistema de gestión de crisis integrado en los programas operativos y neutro desde el punto de vista presupuestario.
Después de las intervenciones de los Estados miembros, la Comisión se opuso a cualquier fondo adicionales específico para la gestión de crisis y criticó el hecho de que ningún Estado miembro hubiera planteado un modelo específico de gestión de crisis fuera de los programas operativos.
Con relación a las normas de comercialización, en el Comité Especial de Agricultura del 20 de marzo, se debatió entre el mantenimiento de la estructura básica de las normas de comercialización en manos del Consejo delegando su implementación en la Comisión, o la transferencia de las competencias del Consejo a la Comisión, apoyando la mayoría de los Estados miembros la primera opción. Holanda, por su parte, defendió una tercera opción consistente en que el propio sector privado estableciera las normas, argumentando que de esta forma se facilitaría el comercio.
Para FEPEX, las normas de calidad comercial de frutas y hortalizas, comunes y obligatorias, constituyen un marco referencia imprescindible para el sector, que contribuye a la lealtad de los intercambios, a la transparencia de los mercados y a eliminar los productos cuya calidad no sea satisfactoria. Contribuyen además a mejorar la rentabilidad de la producción.