La reforma de la OCM de frutas y hortalizas entra en su fase final

Desde la mediática presentación de la propuesta el pasado 24 de enero se produjo un breve período de pausada reflexión en el conjunto del sector y, una vez concluidas las reflexiones, se ha dado paso a un ritmo frenético y a una continua sucesión de reuniones y encuentros que han contribuido a clarificar el panorama de la reforma.

Sin ninguna duda, ha llegado el momento clave de la reforma donde los Estados miembros y los diferentes actores del sector están intensificando sus esfuerzos con el fin de poder influir en la decisión final.

Si se respetase el calendario previsto, el Consejo de Ministros de la Unión Europea debería aprobar la reforma de la OCM el próximo 12 de junio, constituyendo el colofón de una Presidencia alemana de la UE cuyo semestre finaliza en junio.

A escala comunitaria, Instituciones como el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social ya han comenzado a trabajar en sendos dictámenes sobre la reforma. Como sucede en el procedimiento legislativo sobre agricultura, estas opiniones no condicionan la decisión final del Consejo pero pueden esgrimirse por algunos países como valiosos argumentos para fortalecer sus posiciones y dar solidez a un discurso frecuentemente insustancial. Ambas Instituciones organizarán varias audiencias públicas durante los meses de marzo y abril que contarán con una fuerte presencia del sector productor e industrial.

Mientras tanto, en Bruselas, todavía suenan los ecos de un demoledor dictamen del Tribunal de Cuentas de la UE que criticó con saña el sistema de las organizaciones de productores y conminó a la Comisión a buscar otro sistema de ayuda a los agricultores diferente de unas OPFH que han mostrado su ineficacia.

La eurodiputada española, Isabel Salinas, ya ha avanzado las líneas básicas que defenderá como ponente del dictamen del Parlamento Europeo. En su proyecto de dictamen, Salinas apuesta por aumentar la dotación financiera de las Organizaciones de Productores y propone la creación de un fondo de gestión de crisis cofinanciado por el sector y abierto a todos los productores. Por otro lado, la ponente considera compatible la creación del citado fondo de gestión de crisis con las medidas de gestión de crisis que puedan adoptarse por cada organización de productores en su fondo operativo.

En relación a la controvertida cuestión de los transformados se aboga por el mantenimiento del artículo 51 (prohibición de plantar frutas y hortalizas en superficies elegibles) y la instauración de una ayuda a la hectárea similar al régimen de frutos secos. En un apartado del texto parlamentario se explicita que: “los Estados miembros podrán supeditar la concesión de la ayuda comunitaria a que los agricultores pertenezcan a una organización de productores o interprofesional reconocida”.

España pide periodos transitorios

El Ministerio español de Agricultura, sin consulta previa al sector, ha comunicado recientemente a la Comisión Europea la posición oficial de España ante la reforma de la OCM frutas y Hortalizas. El documento español incide en la necesidad de períodos transitorios antes de llegar a un desacoplamiento total como el que propone la Comisaria Fischer Boel para un producto de doble fin como los cítricos.

Durante ese período transitorio hasta 2013, las autoridades españolas pretenden que pueda concederse una ayuda a la hectárea mixta que en cualquier caso estaría condicionada a un contrato y a la entrega a la transformación. La misma filosofía conduce a las autoridades españolas a proponer que la consideración de las frutas y hortalizas como superficie elegible al pago único no se produzca antes de 2013 con el fin de que el sector pueda adaptarse a la nueva situación. Respecto la gestión de crisis también defienden un fondo independiente del fondo operativo y con un presupuesto propio.

Los productores y las cooperativas europeas agrupadas en el COPA y la COGECA todavía no han perfilado oficialmente su posición ante la reforma. Las discusiones internan evidencian fuertes discrepancias entre ambas organizaciones que han dejado traslucir ópticas diferentes desde el movimiento de la cooperación y las organizaciones agrarias. La mayoría de cooperativas europeas no ocultan su preferencia hacia un sistema donde la ayuda al agricultor este condicionada a un contrato o a la pertenencia a una organización de productores, descartando con firmeza un desacoplamiento total que a su juicio provocaría indefectiblemente un severo abandono de la producción y un desabastecimiento del sector industrial.

Por su parte, las principales organizaciones agrarias de Portugal, España e Italia defienden que las ayudas vayan directamente al agricultor sin ningún tipo de limitación impuesta artificialmente para beneficiar a la industria y abogan por un desacoplamiento total desde el primer momento de aplicación de la reforma. En relación a la gestión de crisis el COPA rechaza que las organizaciones de productores deban encargarse de forma exclusiva de las medidas de gestión de crisis.

La Comisión Europea estudia con calma todas las posiciones que incesantemente comenzaron a llegar desde inicios de 2007 y discute en el marco de los grupos de trabajo del Consejo los problemas que podrían surgir con la nueva legislación y las posibles soluciones técnicas al respecto con vistas al primer debate en profundidad que llevará a cabo el Consejo de ministros durante su sesión del mes de abril.

Las continuas intervenciones de la Comisaria Fischer Boel no dejan lugar a dudas sobre la firmeza de su posición en defensa del principio del desacoplamiento total, la concesión de la ayuda a todos los productores independientemente de si son históricos o no y la consideración de las frutas y hortalizas como superficie elegible con la consecuente eliminación del artículo 51. De hecho, la Comisaria no ha ocultado en algunas de sus más recientes intervenciones su visión del modelo regional (ya aplicado por países como Alemania, Inglaterra o Dinamarca) como un modelo de futuro.

A pesar de esta tradicional y clásica firmeza en la negociación nadie duda de que el debate político en el Consejo podría derivar en mayor subsidiariedad a favor de los Estados miembros, de modo que durante un determinado período transitorio puedan establecerse algún tipo de excepciones al principio general del desacoplamiento total. Muchas demandas de los Estados miembros en relación a los nuevos mecanismos de gestión de crisis son compartidas en línea de principios por los funcionarios comunitarios quienes, sin embargo, reconocen la falta de presupuesto en la OCM para abordar iniciativas de tal naturaleza y calibre.

Así, una vez que sea aprobada la reforma de las frutas y hortalizas y posteriormente la de la OCM vino, la Comisión Europea habrá finalizado su cruzado en pos del desacoplamiento y lanzará sin ninguna dilación, el debate sobre la nueva PAC después de 2013.