Agricultura quiere alejar el uso del purín a cien metros de las casas

La Lei do Solo de Galicia fijó los 250 metros como distancia mínima a la que se pueden construir nuevas granjas (y un kilómetro de separación de los núcleos rurales consolidados), y ahora son los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente los que pretenden alejar de las casas el uso del purín como fertilizante agrícola y mitigar sus efectos contaminantes, sobre todo de las aguas.

El proyecto de ley sometido a consultas establece que las distancias mínimas que deberán respetarse para utilizar este estiércol es de cien metros a núcleos de viviendas, 50 metros a otras explotaciones, 20 metros a aguas superficiales (por ejemplo ríos y regatos), cien metros a lugares de captación de aguas de uso potable privado y 250 metros a aguas superficiales usadas para el abastecimiento público.

Aún compartiendo la necesidad de solucionar los problemas medioambientales, ganaderos gallegos estiman que el texto puede comprometer la viabilidad de muchas explotaciones, muy dispersas y con permeabilidad de suelos y clima muy diferentes a otros lugares de España. La nueva norma, además, fija el plazo de adaptación de las granjas existentes de un año en zonas llamadas sensibles a tres en zonas menos contaminadas.

Actividad tradicional

Jacobo Feijoo, desde Unións Agrarias, dice que la norma de distancias para los purines ilegaliza la actividad tradicional en Galicia del estiércol en huertas anexas a las casas. Reclama que sea la Xunta (prepara desde hace años una norma para los purines) la que fije las distancias concretas y las ayudas para la adaptación de las explotaciones. El texto propuesto a nivel estatal es más restrictivo que el código de buenas prácticas agrícolas que recoge las recomendaciones en Galicia.

La nueva norma diferencia entre explotaciones intensivas y no intensivas, además de la cantidad de purín que podrá verterse en cada hectárea de la propiedad. Tal como está redactado el proyecto de decreto, con más de 36 vacas y unos 2,80 bovinos adultos por hectárea, serían consideradas extensivas, debiendo buscarse un gestor de residuos que retire parte del purín generado (para trasladarlo o para compostaje), o llegando a acuerdos con vecinos o propietarios que dispongan de terreno suficiente donde pueda aplicarse el fertilizante. El decreto de purines afectaría al 7% de las explotaciones gallegas y al 33% del ganado.