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Pesticida prohibido

La Junta precinta en Almería cinco invernaderos por utilizar un pesticida prohibido

La patronal dice que «no hay motivo para la alarma», ya que sólo estarían afectadas 37 de las 17.000 fincas existentes en la provincia

ESPAÑA 04/01/2007


Una medida que tranquilizará a los clientes europeos. La Junta de Andalucía precintó ayer los cinco primeros invernaderos del Poniente almeriense por dar positivo en los análisis realizados a los pimientos para detectar un fitosanitario prohibido que encontraron hace unos días las autoridades alemanas en nueve partidas almerienses.

El delegado provincial de Agricultura, Juan Deus, explicó ayer que hasta el momento se han obtenido los resultados de trece invernaderos, de los que cinco han dado positivo, por lo que la Junta ya ha «comunicado telefónicamente a los agricultores que han pasado el doble análisis de manera favorable que pueden vender sus pimientos».

Por el contrario, a los aproximadamente 2.400 kilos de pimiento que tenían restos del pesticida no permitido se han inmovilizado y han comenzado los correspondientes expedientes sancionadores a sus propietarios, que implican el precinto del invernadero, multas de hasta 120.000 euros y el estudio por parte de la Fiscalía para la imputación de un posible delito contra la salud pública.

Sacarlos del sistema

El delegado de Agricultura aseguró que «será una sanción ejemplar y no vamos a parar hasta sacarlos del sistema» porque, según explicó, «unos pocos pueden hacer un daño muy importante a la agricultura y una mala imagen en los mercados exteriores».

El departamento de sanidad vegetal espera terminar con los análisis de las 37 explotaciones de pimiento en un par de días, momento en que se conocerá el total de invernaderos precintados y kilos inmovilizados.

Las reacciones ante esta decisión se conocían ayer mismo. El secretario provincial de COAG-Almería, Andrés Góngora, apuntó que la sanción a los agricultores que han utilizado el pesticida no autorizado ''isofenus-metilo'' en pimiento «es discutible», ya que, a su juicio, «se debería abrir un diálogo con los responsables de esas explotaciones para ver en qué circunstancias se encuentran».

Góngora consideró «muy altas» las sanciones que podrían ser de hasta 120.000 euros y contempló la posibilidad de «ofrecer al agricultor la opción de arrancar el cultivo, sin sanciones, garantizando que no se comercialice producto alguno con restos de esta sustancia». Sin embargo, precisó que «el daño que han hecho a la agricultura almeriense es muy grande» y afirmó que «hay información suficiente entre los agricultores sobre qué tipo de productos se pueden o no utilizar». A su juicio, «es imprescindible seguir con los controles para garantizar la calidad de nuestro producto» y mostró su apoyo a la labor de la Consejería de Agricultura.

Andrés Góngora destacó que sólo se investigan 37 de las las 17.000 explotaciones existentes en la provincia.


 

 



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