España 29/01/2007
Rechazan de plano esta reforma. Consideran además que básicamente vuelve a aplicarse el modelo, ya ha fracasado, de la última reforma. Todo ello, arroja, según los responsables de Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agrarias (CCAE) y Fepex, un horizonte incierto para los fruticultores tradicionales.
Introduce además, un elemento de distorsión y crea, a su juicio, problemas de competencia, liberalizando las tierras al cultivo, y que productores que reciben ayudas desacopladas las puedan utilizar en la producción de frutas y hortalizas.
En nuestro país, este sector tiene un valor de producción de 13.100 millones de euros. Da trabajo a unas 500.000 personas entre empleos directos e indirectos y proporciona 109 millones de jornales al año.
La esperanza de las organizaciones de contar con el Ministerio de Agricultura se desvaneció cuando su titular, Elena Espinosa, aseguró ayer que «el borrador recoge todas las demandas» de España, aunque «se podría mejorar».
El presidente de Asaja, Pedro Barato, se pregunta que «¿con qué cara se presenta una reforma que no ha funcionado?». A su juicio, la nueva OCM no resuelve cuestiones como seguros de costes, regulación de prácticas de distribución o protección frente a la competencia de terceros países.
Miguel López, máximo responsable de la COAG, cree que el pago desacoplado originará más problemas de los actuales y creará dificultades de competencia y de mercado.
Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, aseguró que España, que es el país que más produce, será el más perjudicado, y que se trata de la reforma «más insolidaria que se ha hecho hasta ahora».
Por su parte, las Cooperativas Agrarias, a través de su responsable de frutas y hortalizas, Cirilo Hernández, creen que la nueva legislación provoca más desigualdades. Calificó de «nefasta» la supresión de las ayudas directas a la transformación.
La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer-Boël, presentó ayer oficialmente su propuesta de reforma. El proyecto, que podría entrar en vigor en 2008, mantiene el mismo nivel de ayudas para el sector (1.500 millones de euros anuales de los que 486 le correspondieron a España en 2005), pero las desvincula de la producción para el agricultor que produce con destino a la transformación (para zumo o conservas, por ejemplo), y la sustituye por un pago único.
Además, entre las novedades figura la ampliación de actividades que pueden hacer las organizaciones de productores, así como la ayuda europea junto a la de los Estados para la gestión de las crisis.
