Fechas cruciales en la OMC. Por Ignacio López García-Asenjo, director de Relaciones Internacionales de ASAJA

Este verano será crucial en las negociaciones en Ginebra para alcanzar un acuerdo en las fórmulas de negociación dentro de la Ronda del Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A mediados de julio el G-8 reunido en San Petersburgo urgía a alcanzar un acuerdo a mediados de agosto. Mucho va a ser el esfuerzo que tendrán que hacer las partes negociadoras para lograr un consenso sobre las cifras de reducción de aranceles, o de ayuda interna o la eliminación de todas fórmulas de subvención a la exportación a la vista del documento presentado por el embajador Falconer, presidente del Comité de Agricultura al Director General de la OMC, Pascal Lamy.

La Comisión Europea justificó la reforma de la PAC de 2003 como un crédito que dispondría la Unión Europea para afrontar las negociaciones de la OMC, lo que le permitiría acudir a las reuniones con los “deberes hechos” y con un mandato del Consejo Europeo de no realizar nuevas concesiones que signifiquen ir más allá de la propia Reforma.

Los que estuvimos en Hong Kong pudimos observar con total nitidez que estos esfuerzos realizados por los agricultores europeos no fueron tenidos en cuenta por el resto de las potencias productoras que, lejos de realizar esfuerzos paralelos, exigen mayores concesiones de la UE, acusando a la Unión de ser la responsable de un fracaso en las negociaciones cuando son ellos los que no han hecho movimiento alguno, ni en materia agraria, ni el acceso al mercado de los productos industriales o a la liberalización de los servicios.

Desde Hong Kong en diciembre del año pasado se han sucedido las reuniones para poder alcanzar un acuerdo, que fracasó en abril y hubo que posponerlo hasta el 31 de julio. Si bien no ha habido avances sustanciales hasta la fecha, sí que podemos constatar con preocupación que se ha roto en cierta medida la posición unitaria y solidaria del conjunto de los Estados miembros de la UE y del propio Comisario Mandelson, responsable negociador de la UE en la OMC, que hace unas semanas adelantaba una nueva oferta que se aproximaba más a las exigencias de los Países Emergentes Exportadores que al Mandato del Consejo, lo que ha provocado las reacciones de países como Francia, Irlanda, Grecia, Hungría o Polonia, a los que España debería unirse con decisión.

La Comisión propuso la eliminación de las ayudas europeas a la exportación en 2013, condicionada a que los demás países realicen esfuerzos paralelos en sus formulas de subvencionar a sus exportaciones, ya sea a través de créditos a la exportación, ya sea mediante el uso fraudulento de la ayuda alimentaria o a través de los monopolios estatales de comercio. Sin embargo, en el texto presentado por el Embajador Falconer aparecen tantos “corchetes”, esto es, puntos en donde no hay consenso, que parece más que difícil que este paralelismo esté cercano.

En caso de que se produzca acuerdo, sería importante para evitar presiones en los mercados internos, que la reducción progresiva fuera esencialmente en términos presupuestarios y no tanto cuantitativa. Para la UE, la eliminación de las restituciones tendría efectos significativos en las exportaciones de azúcar, mantequilla y queso.

En materia de ayuda interna, la Unión Europea ya ha hecho modificaciones sustanciales en sus sistemas de apoyo, y muy especialmente en la última reforma que introduce el sistema de pagos desacoplados, con lo que aleja la ayuda del volumen de producción o de la situación de los precios. Es por tanto fundamental que estos pagos directos desacoplados no sean puestos en cuestión. Al contrario, debe ser Estados Unidos quien revise su sistema de pagos y en especial los que están ligados al precio (Loan Deficiency Payments) o los pagos contra cíclicos, que sí son distorsionadores de los mercados. Un recorte mayor al 70 por ciento en la Medida General de Apoyo (Caja Amarilla) de la U.E. pondría en peligro las próximas reformas del vino o de las frutas y hortalizas.

El verdadero “caballo de batalla” en las negociaciones va a ser, lo es ya de hecho, el acceso a los mercados y, en especial, el acceso al mercado europeo para los países exportadores. Para la Unión Europea y para el mantenimiento del tejido productivo y socioeconómico, es fundamental mantener unos niveles adecuados de protección en frontera que garantice la viabilidad de nuestras explotaciones que tienen unos requisitos de producción que no se exigen a los productos importados.

Por ello, la propuesta del G-20 (países emergentes exportadores) y los EE.UU., reflejada en buena parte en el documento de Falconer es inaceptable para la U.E, ya que una reducción media del 54 por ciento en las líneas arancelarias rebasaría el Mandato del Consejo, como la propia Comisión ha reconocido. Incluso algunos productos sensibles deberán recortar sus aranceles en alrededor del 50 por ciento, y las líneas arancelarias más elevadas deberían reducir sus aranceles en un 75 por ciento en lugar del 60-65 por ciento propuesto por la Comisión. Esta propuesta tendría especial gravedad en el sector del vacuno, aunque también para el azúcar, la mantequilla y algunas frutas y hortalizas.

Es necesario mantener la posibilidad de aplicar la cláusula especial de salvaguardia, protegiendo a la UE de importaciones masivas que perturbarían de forma irreversible en muchos casos la viabilidad de nuestras explotaciones.

Las exigencias del G-20 supondrían la pérdida de un 25 por ciento de la media de las rentas de los agricultores y ganaderos, mucho más acusado en algunas producciones, como el sector del vacuno de carne que podría desaparecer en la Unión Europea como consecuencia de la perdida de un 70 por ciento de los ingresos para los productores. No solamente la agricultura, sino el conjunto de la cadena agroalimentaria se vería muy seriamente afectada, con la consecuente repercusión en el empleo en el medio rural.

Precisamente la defensa del medio rural y del modelo europeo de agricultura debe hacerse valer por parte de la Comisión Europea a la hora de exigir la inclusión en la negociación de las llamadas cuestiones no comerciales (Bienestar animal, respeto medioambiental, indicaciones geográficas, seguridad alimentaria, trazabilidad, etc.), como aspecto a tener en total consideración, no sólo en defensa de una agricultura de calidad, sino también como instrumento de información al consumidor.

De cara a las duras e intensas negociaciones que se avecinan en Ginebra, la Comisión Europea, apoyada por los países miembros deberá defender todos estos puntos con total firmeza y con la conciencia bien tranquila de tener realizados sus deberes. Son los otros los que se tienen que mover. Nosotros ya nos hemos movido. Y mucho.