El fracaso de las negociaciones en el seno de la OMC

Así lo confesaba su propio Director General, Pascal Lamy, al instar a los negociadores a “abrir un proceso de reflexión profunda sobre lo ocurrido” con el fin de desbloquear en el futuro una negociación que se ha revelado tremendamente compleja.

Respondiendo a la invitación de Pascal Lamy y desde la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) queremos aportar nuestra visión y contribuir a poner de manifiesto cuál es, a nuestro juicio, el verdadero papel que ha jugado el sector agrario en estas negociaciones y la Unión Europea (UE) en particular. Pero antes de nada y ante todo, conviene aclarar que si bien podemos lamentar que no se haya conseguido un acuerdo en el marco de estas negociaciones multilaterales, también es cierto que los efectos previsibles como consecuencia de las reducciones arancelarias que se estaban planteando, habrían puesto en cuestión a buena parte de las explotaciones agrarias europeas y al sector en su conjunto, circunstancia que justifica que hayamos defendido desde el principio que más valía un no acuerdo que un mal acuerdo.

Pero vayamos por partes, en principio el principal objetivo de este ciclo de negociaciones, denominado como la Ronda de Doha para el Desarrollo, era mejorar la situación de los Países Menos Avanzados (PMA) y los Países en Vías de Desarrollo a través de la liberalización del comercio mundial. Pero conviene destacar que a fecha de hoy y después de 5 años desde el inicio de la Ronda, la mayoría los negociadores han hablado mucho más de liberalizar el comercio que de desarrollo. Y diría más, poco o nada hemos oído hablar a los PMA, lo que nos da una impresión de quienes han estado liderando la negociación y con que fines.

Por otra parte, muchos ya se han adelantado a acusar a la UE y a su agricultura como los culpables del fracaso y no sólo del propio bloqueo del proceso, sino del subdesarrollo y de los problemas económicos del tercer mundo. Basta un análisis superficial de la situación de las negociaciones y del comercio mundial para comprobar que dichas afirmaciones no sólo son falsas, sino que además se están utilizando de forma demagógica en beneficio de una liberalización del mercado mundial que, a nuestro juicio, sólo beneficia a las grandes multinacionales.

Lo primero que debemos tener claro es que la UE es la primera importadora mundial de productos agrarios, pero además las importaciones que realiza de los PMA superan las realizadas por los EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda juntos y lo que es todavía más importante, en su inmensa mayoría estas importaciones acceden al mercado comunitario con aranceles reducidos o nulos en virtud de los acuerdos preferenciales que tiene la UE con estos países. Por otra parte, la UE ha venido reformando desde hace más de una década su Política Agraria Común, reduciendo paulatinamente su presupuesto, actualmente sólo representa el 0,75% del gasto público europeo, desviando además las ayudas hacia sistemas de apoyo que no distorsionan el comercio, lo que se denomina en el argot de la OMC como ayudas de la caja verde. Adicionalmente, estas reformas se complementaron con una oferta comunitaria que incluía, entre otras cosas, el compromiso de eliminación de las ayudas a la exportación en el 2013 y la reducción de los aranceles en una media del 46%, oferta que los representantes de la UE, conforme se iba avanzando en la negociación, iban ampliando hasta llegar a al 51%, porcentaje muy próximo a las demandas del denominado G-20 (China, India, Brasil, etc...). Dicho en otras palabras, la UE había decidido desmantelar su sistema de protección en este sector a cambio de conseguir una mejora sustancial en sus exportaciones industriales y en los servicios.

Por otra parte, la Comisión Europea, en esta ultima fase de la negociación, no se ha pronunciado sobre temas tan estratégicos para la agricultura comunitaria como son las denominadas cuestiones no comerciales: la seguridad alimentaria, medioambiente, bienestar animal o la defensa de las Indicaciones Geográficas Protegidas. Cuestiones todas ellas fundamentales, sobre todo en un contexto de reducción de aranceles donde sólo queda la diferenciación de nuestros productos como única estrategia para poder hacer frente al incremento de la competencia.

Analizada la oferta de la UE cabe preguntarse ahora ¿qué han hecho las otras partes?. La respuesta es nada, o muy poco. Tenemos la impresión de que la tónica de los últimos cinco años ha sido dejar que la UE cediera y ampliase su oferta sin recibir nada a cambio. Sin embargo, los EEUU han demostrado siempre una posición inflexible, que a nuestro juicio ha sido la causa fundamental de la ruptura de las negociaciones, amparándose en que la propuesta de la UE sobre el acceso al mercado comunitario para el sector agrario era insuficiente. Escuchar este tipo de argumentos no deja de ser una ironía, sobre todo cuando a nadie se le escapa que a los EEUU siempre les ha interesado más aprovechar su posición de fuerza y basar sus negociaciones en acuerdos bilaterales que les colocan siempre en una posición ganadora. Por otra parte, conviene resaltar que los norteamericanos han cambiado su estrategia y han pasado de priorizar la reducción de los aranceles, para mejorar su posición en los mercados internacionales en el sector de los cereales, a defender sus ayudas internas, pretendiendo así consolidar el sistema de ayudas contra-cíclicas que habría supuesto de facto la posibilidad de aumentar sus subvenciones agrarias pasando de 21.000 a 22.800 millones de euros. Tal vez esta reorientación de los negociadores norteamericanos responda a que, tras la subida de los precios del petróleo, están destinando una parte cada vez más importante de su producción de cereales hacia el abastecimiento de materias primas para la producción de biocombustibles, cuestión que consideran estratégica dada la dependencia de este país de las importaciones de petróleo.

Por otra parte, los países emergentes, como China, India o Brasil tampoco han demostrado un gran interés en abrir sus mercados y reducir los aranceles a los productos industriales y los servicios. A nuestro entender, este planteamiento se justifica si tenemos en cuenta que en la actualidad estos países ya tienen un crecimiento económico importante, muy por encima de la media mundial, lo que demuestra que el mercado en la práctica ya está globalizado.

En este contexto, la opinión de los PMA ha sido simplemente ignorada, o al menos no ha tenido eco, puesto que mientras se está acusando a los países desarrollados del fracaso de la negociación, los PMA manifestaron su preferencia por un no acuerdo antes que un mal acuerdo que no tuviera en cuenta la especificidad de sus economías.

En definitiva, esta ronda del desarrollo está pensada a nuestro juicio para beneficiar en mayor medida a aquellos que son más fuertes. Los estudios del Banco Mundial y de la OCDE cifran el aumento del valor del comercio agrícola mundial, en caso de liberalización, entre 40.000 y 60.000 millones de dólares, pero la mayor parte del mismo irá en beneficio de las grandes multinacionales, sin que los PMA puedan mejorar su posición.

Por tanto, resulta necesario que las negociaciones, si finalmente se reanudan, cambien de rumbo. El desarrollo de la Ronda de Doha no debería centrarse en el enfoque simplista de la liberalización comercial de los intercambios. Una investigación del IFPRI (Instituto de Investigación Internacional sobre Políticas Alimentarias) plantea que todos los estudios que evalúan los posible efectos beneficiosos de la liberalización del comercio sobre el mercado mundial se basan en cifras obsoletas que no tienen en cuenta las últimas reformas de las política agrarias, ni el refuerzo de los acuerdos preferenciales con los PMA, lo que provoca que las previsiones optimistas de impacto no sean en absoluto fiables.

Finalmente, somos conscientes de que caminamos hacia una mayor liberalización del mercado, pero sería un error estratégico permitir que esa liberalización se haga a expensas de un desarrollo sostenible, a sabiendas de que los objetivos que se pregonan a favor del desarrollo de los países más pobres del mundo no se obtendrán por la vía de las desregulaciones ni de la implantación de la “ley de la selva”. Ese modelo sólo ha servido para crear mayores desequilibrios. No tener en cuenta cuestiones fundamentales como son la seguridad alimentaria, el respeto al medioambiente, el mantenimiento del empleo en el medio rural, el equilibrio territorial, la soberanía alimentaria, la protección de las denominaciones tradicionales, etc. no conlleva solamente a condenar el modelo de agricultura familiar europea, sino también al modelo agrario de los PMA, que serán incapaces de competir con la concentración de las grandes estructuras productivas de los países exportadores como Brasil, Argentina, China, EEUU, Australia, etc... Estos deberían ser los elementos para considerar un acuerdo equilibrado y no la simple liberalización y desregulación del sector agrario y agroalimentario.

Antes de terminar y circunscribiéndonos a la agricultura española, sería bueno recordar que el valor de las exportaciones españolas de este sector en 2005 ascendió a 19.601 millones y el de las importaciones a 16.806 millones de euros, lo que arroja un saldo positivo de 2.845 millones de euros, manteniéndose una vez más el sector agrario y agroalimentario en la única partida en el comercio exterior de mercancías con un saldo positivo, aspecto que debe hacernos reflexionar, sobre todo si tenemos en cuenta que el déficit comercial de nuestro país en 2005 ascendió al 28%.



Eduardo Baamonde Director General de CCAE (Gabriel Trenzado Delegado de CCAE en Bruselas)