COAG Andalucía reclama medidas estructurales que permitan paliar la escasez de agua en una cuenca deficitaria como la del Guadalquivir
La organización solicita a la CHG que aplique criterios sociales para priorizar los riegos y que el agua se reparta de manera coherente con las decisiones de política agraria, considerando el impacto económico y social de los cultivos.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera fundamental poner en marcha medidas estructurales para paliar la escasez de aguas en una cuenca deficitaria como la del Guadalquivir y tras un año como 2005, de escasa pluviosidad. Según la organización, se ha producido un retraso importante en los planes para realizar obras de regulación, como La Breña II y Melonares, que ya estaban previstas en anteriores épocas de sequía.
COAG considera que el dictamen de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (1.019 hectómetros cúbicos con una dotación de hasta 3.000 metros cúbicos por hectárea) es claramente insuficiente y no va a permitir el desarrollo de cultivos tan importantes para la cuenca como el algodón. En ese sentido, COAG reclama que este cultivo, que tiene un enorme impacto social y territorial, tenga como mínimo una dotación de 4.000 metros cúbicos por hectárea.
Asimismo, la organización agraria considera que el plazo establecido para cortar los riegos (15 de agosto, excepto para el arroz y los olivares de Jaén) no es el adecuado para el algodón, cuyos riegos deben prolongarse hasta mediados del mes de septiembre, y así se lo hará saber a la CHG en los próximos días.
COAG considera que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no puede eludir su responsabilidad a la hora de marcar criterios para el reparto de agua que sean coherentes con la política agraria y con el impacto económico y social de los distintos cultivos.
En ese sentido, COAG insiste en la necesidad de que la concepción patrimonialista del agua pase a la historia, para dejar paso a una concepción social y pública, que tenga en cuenta cuestiones como los parámetros de renta, los puestos de trabajo que cada cultivo genera o su capacidad para fijar a la población en el ámbito rural. Asimismo, la organización recuerda que si el año pasado se hubieran puesto en marcha criterios de priorización para el reparto del agua, quizá este año habría habido más para repartir.