ESPAÑA 03/04/2006
ASAJA-Granada ha remitido un escrito al Delegado Provincial de Agricultura, Rafael Gómez Sánchez, en el que le da cuenta de los principales problemas, atribuibles a la Administración, a que se están enfrentando los técnicos y los propios agricultores y ganaderos para la tramitación de las ayudas de la PAC por los múltiples fallos de funcionamiento que presenta el programa informático de gestión de las solicitudes.
También denuncia la falta de asignación y reconocimiento de los derechos y superficies que corresponden a los perceptores, la inexactitud de datos en la mayoría de las comunicaciones enviadas por la Junta de Andalucía y la desatención a las modificaciones solicitadas.
Esta organización agraria reconoce la dificultad de aplicación del Pago Único, que incluye no sólo los pagos desacoplados (basados en derechos históricos) sino los acoplados (ayudas por superficie), las ayudas agroambientales, la Reserva Nacional, y la solicitud de alegaciones a los derechos asignados, todo en una denominada “solicitud única”, lo que, en definitiva, complica todos los trámites.
Pero esto no descarga de culpa a la Administración por no hacer previsión de los problemas a que se enfrentaba y por retrasar todos los procesos de implantación del nuevo sistema: la aprobación de la normativa, el inicio del plazo, las comunicaciones a los agricultores, el estudio de alegaciones, etc., lo que ha conducido a una alarmante situación que se traduce, en la práctica, en la imposibilidad de tramitar en menos de dos meses de campaña real (no se pudo comenzar hasta mediados de marzo) todos los expedientes que se presentan en la provincia de Granada (alrededor de 50.000). Estimamos que se necesitarían como mínimo tres meses de trabajo y se solicita, por ello, la mediación del Delegado Provincial de Agricultura para que la Junta de Andalucía amplíe el plazo de solicitud más allá del 28 de abril, además de la eliminación de trámites innecesarios para los agricultores y ganaderos (habilitar otro plazo distinto para la presentación de alegaciones al Pago Único).
Se recuerda que la campaña tenía previsto que comenzara por ley el 1 de febrero y que en esa fecha ningún agricultor y ganadero identificado como perceptor había recibido siquiera la comunicación de los derechos provisionales del Pago Único; que los agricultores y ganaderos recibieron la comunicación de los derechos provisionales a finales de febrero (pero sólo el 60%, el 40% restante aún no los ha recibido a fecha de hoy), y que las entidades colaboradoras recibieron el programa informático de gestión a mediados de marzo (y con muchas deficiencias que lo hacen poco operativo).
La normativa nacional de aplicación del régimen de Pago Único (Real Decreto 1618/2005 sobre aplicación del régimen de pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería) se publicó, por otra parte, el 31 de diciembre de 2005, con una mínima antelación respecto del inicio del plazo fijado por la propia ley (1 de febrero) y la normativa autonómica (Orden 14 de febrero de 2006 de aplicación de régimen de ayudas comunitarias a la agricultura) se publicó el 27 de febrero de 2006. Todas las cuentas de la Administración central y autonómica han fallado y los agricultores y ganaderos están pagando las consecuencias.