Ecologistas y agricultores revelan que la contaminación por transgénicos se extiende en España

La Asamblea Pagesa de Cataluña, Greenpeace y la Plataforma Transgènics Fora! presentan hoy en Barcelona, coincidiendo con el inicio de la conferencia de la Comisión Europea sobre el futuro de la “coexistencia” entre transgénicos y no transgénicos en Viena (Austria), un pormenorizado estudio, realizado a lo largo de los últimos 10 meses, sobre la situación de estos cultivos. Este documento, titulado “La Imposible Coexistencia”, es el primer informe de estas características en España que pretende mostrar a la opinión pública cuales son las consecuencias reales del cultivo de transgénicos a partir de los casos de Cataluña y Aragón, principales regiones productoras en España y en la UE (en ambas comunidades la superficie de maíz transgénico alcanza casi el 50% del cultivo total de maíz).

El informe concluye que la “coexistencia” de la agricultura transgénica con las otras agriculturas es inviable, y es el resultado de una amplia investigación de campo realizada en las principales comarcas productoras de maíz, para la cual se han recogido decenas de testimonios de agricultores, ganaderos y gerentes de cooperativas y se han analizando cientos de muestras de maíz. La situación describe con detalle los casos contaminación aparecidos en 2005, la opacidad en el mundo de la investigación, el nulo o deficiente seguimiento y control de los cultivos y de los casos de contaminación, los errores administrativos, el cultivo de variedades ilegales, los campos experimentales no autorizados, la ausencia de registros públicos y la contaminación a lo largo de toda la cadena de transporte y comercialización.

El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón han facilitado datos imprescindibles para la elaboración del informe. Se describe cómo la introducción de la agricultura transgénica acentúa la división y el enfrentamiento entre agricultores, obligándoles a cargar con los riesgos y sus problemas derivados, mientras las empresas responsables de la introducción de los OMG se lavan las manos. La realidad que se percibe en el campo es un cierto miedo y una fuerte inquietud. “Las consecuencias de las contaminaciones transgénicas son graves e inaceptables, son la prueba de que éstos no están bajo control y por lo tanto es imposible pensar en una posible coexistencia con la agricultura convencional o ecológica”, afirma Jordi Cipriano de la Asamblea Pagesa de Cataluña. “Las pérdidas económicas derivadas de la contaminación son asumidas enteramente por los contaminados y no se le exige ninguna responsabilidad a los dueños de la tecnología ni a la Administración, mientras se dinamita el derecho a elegir de los agricultores y de los consumidores”, añade Cipriano.

Precisamente este informe se publica cuando la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Agricultura pretenden aprobar sendos decretos de “coexistencia” cuyo objetivo político es legalizar la contaminación genética generalizada. Consecuentemente, la superficie de maíz ecológico, la única opción realmente sostenible para producir maíz, está reduciéndose a una velocidad alarmante. “Mientras tanto el Institut de Riserca i Tecnología Agroalimentaries (IRTA) dedica una parte importante de su actividad a experimentar con transgénicos en lugar de fomentar la investigación en agroecología” ha declarado Joan García, de la Plataforma Transgènics Fora!

“Lo verdaderamente preocupante es que esto es sólo la punta del iceberg, ya que no hay registro oficial de casos de contaminación”, ha afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña de Transgénicos de Greenpeace, “la mayor parte de los incidentes de contaminación no se detectan por falta de análisis o se mantienen en secreto tanto por compañías como por gobiernos”.

Toda la información recogida en el informe converge hacia la conclusión unívoca de que la “coexistencia” entre cultivos transgénicos y no transgénicos no es posible y confirma que:

El control y el seguimiento de los OMG del laboratorio al plato son ineficaces, y en muchos casos inexistentes. El sistema de segregación, trazabilidad y etiquetado no funciona.

No existen sistemas independientes de detección e investigación de los casos de contaminación, cultivos ilegales, irregularidades administrativas o efectos negativos de los transgénicos. La inmensa mayoría de las contaminaciones no se detecta nunca.

Los costes económicos de las contaminaciones y del resto de problemas provocados por los transgénicos son altos y son asumidos por los afectados. Los efectos sociales, ambientales y sobre la salud son potencialmente inmensos.

El tremendo coste que supondría un análisis exhaustivo y un control riguroso real por parte de las autoridades, hace que este tipo de tecnología sea social, ambiental y económicamente inviable.

La falta de transparencia impide que la mayor parte de los fallos de los transgénicos o de los escándalos relacionados con ellos sean percibidos por la sociedad. Ésta, sin embargo, está constantemente sometida a la propaganda de una industria que no ofrece una información objetiva y contrastada, con la única finalidad de aumentar su control sobre los sectores agrario y agroalimentario.

La industria de los transgénicos es capaz de influir a muchos niveles sobre el poder político, haciendo prevalecer sus intereses sobre los del medio ambiente o la sociedad.

Los Estados son incapaces de evitar la venta y el cultivo ilegales, y de impedir el incumplimiento de las normas en el cultivo de transgénicos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen que:

Se suspenda inmediatamente toda autorización de cultivo de transgénicos en España, por considerar que no existe el marco técnico y legal para poder cultivarlos en condiciones de control y seguridad. Para ello, deben revocarse las autorizaciones de todas las variedades que los diferentes gobiernos han aprobado hasta la fecha y prohibirse los cultivos experimentales.

Se suspenda cualquier intento de aprobar decretos o reales decretos de “coexistencia” basados en la contaminación y la ausencia de responsabilidad, tanto por parte del Departament de Ramadería, Agricultura i Pesca (DARP) como del Ministerio de Agricultura.

Las autoridades realicen un replanteamiento de la política agraria española en el sentido de garantizar la existencia de una producción absolutamente libre de transgénicos, asegurando con ello la libertad de elección de los consumidores y de los agricultores por encima de los intereses de la industria de los transgénicos y de las multinacionales dueñas de estas tecnologías. Para ello debe plantearse seriamente la posibilidad de establecer zonas libres de transgénicos en Cataluña, Aragón y el resto del Estado.

Se cree una comisión que estudie con rigor e independencia y analice de forma transparente los daños ambientales, sociales o sanitarios de los transgénicos, y exija que se apliquen sanciones a sus causantes. Las compañías productoras de transgénicos o dueñas de las patentes deben ser consideradas culpables de las contaminaciones y daños que se provoquen.